José Luis Pérez
Culiacán, Sin.- A seis años de haberse implementado el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, es necesario atender las fallas que se han presentado para que éste no colapse, pues no se tomaron muy a fondo cuestiones socioculturales, políticas, económicas y jurídicas. Así, pasado el tiempo se observa que las políticas públicas de implementación de estas reformas no fueron las más correctas, además de que hubo muy poca socialización del nuevo sistema, pese a que se buscaba un cambio radical.
Así lo indicó Martín Vaca Huerta, ex presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, quien recordó que la encomienda era realizar una profunda transformación del sistema penal, que de ser inquisitivo pasaría a ser oral adversarial. Tenía como objeto privilegiar la reparación del daño a las víctimas, reforzar el debido proceso, fortalecer la presunción de inocencia y propiciar la reconstrucción del tejido social.
“Sobre este Sistema de Justicia Penal poco se le dijo a la gente que era un cambio radical en el tema de justicia, que no todo iba a ser judicializar asuntos, que se iba a privilegiar el tema de la mediación, de la conciliación, que era muy poco lo que se tenía que llegar a juicio oral, que no todo era pleito, que no todo era judicializarse, sobre todo en una sociedad donde estamos impuestos a querer judicializar todo”, comentó.
Vaca Huerta recordó que se decía que se acabaría con la corrupción y la impunidad, mejoraría la credibilidad ciudadana en las instituciones de seguridad pública, y de procuración y administración de justicia. Sin embargo, faltó capacitación para los abogados y consecuentemente siguen permeando vicios que tenía el anterior sistema, como impunidad, corrupción así como falta de confianza hacia las instituciones de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia.
