Los Mochis, Sin.- Después de años en tribunales, por fin este próximo 6 de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el tema de la planta de fertilizantes de GPO y lo relativo a la posible consulta indígena, que determina informar a las comunidades tradicionales los alcances del proyecto y los beneficios que traerá para su futuro desarrollo.
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De acuerdo a nota publicada este sábado por el periódico Reforma, la Segunda Sala de la Corte analizará confirmar el amparo concedido en febrero de 2021 por un juez federal de Los Mochis en favor de la comunidad pesquera Mayo Yoreme de Lázaro Cárdenas, municipio de Ahome, y podría determinar que se realice la consulta a los pueblos indígenas.
Luego de conocer la decisión de la Corte, su director general, Arturo Moya Hurtado, manifestó su beneplácito por esta determinación, ya que después de varios años de estar en tribunales este tema podría ya destrabarse en el Poder Judicial.
“Estamos tranquilos porque los seis amparos que están por resolverse, todos están ya en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como todos son similares, cuando se resuelva uno, todos los demás se resuelven en automático, lejos de afectarse al proyecto, se va a destrabar, y es algo que desde hace mucho tiempos hemos estado pidiendo, que se defina de una vez por todas el futuro de nuestro proyecto.”
Dijo que, sí la decisión de la SCJN es de que se realice la consulta indígena, la empresa está preparada porque desde hace por lo menos ocho años se han implementado las políticas sociales de la empresa, que buscan mejorar las condiciones de los habitantes de las comunidades tradicionales.
“Para que ya se dé la resolución o le dan la razón a los quejosos y ordenan una consulta indígena o nos dan la razón a nosotros con la consulta que se hizo, o ellos consideran que no es necesario, ahora si ellos optan y sentencian la consulta indígena, ahí tenemos otra situación, porque no somos nosotros los responsables de conducir esa nueva consulta.”
De acuerdo al contenido de la nota informativa, el proyecto del Ministro, Alberto Pérez Dayán, rechaza o declara insuficientes los argumentos de Semarnat para defender su oficio de 2014, lo que obligaría a la dependencia federal a realizar la consulta indígena.
De esta forma, la Semarnat tendrá que coordinarse con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para celebrar una consulta con todas las comunidades indígenas dentro del área de influencia del proyecto, no sólo con Lázaro Cárdenas.
Es decir, la dependencia federal tendría que informar a las comunidades tradicionales cercanas al proyecto los temas medioambientales relativos a la planta de fertilizantes, así como las condicionantes que puso al proyecto, y que se han ido cumpliendo en tiempo y forma.
Cita la nota que, de ser confirmado el amparo, la manifestación de impacto ambiental presentada por la empresa deberá ser actualizada, de acuerdo a los requerimientos que plantee la Corte.
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