Culiacán, Sin.- Este viernes muy temprano, el exsecretario del Ayuntamiento de Culiacán, durante la gestión municipal de Jesús Estrada Ferreiro, Othón Herrera y Cairo Yarahuán, vinculado a proceso por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública, llegó a la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral, zona Centro, para buscar negociar la suspensión condicional del proceso.
El daño al erario
El exfuncionario municipal, estaría buscando, por la vía legal, una reparación del daño y tener una ‘salida alterna’, al estar siendo investigado por ser parte de la comisión de adquisiciones, y aparentemente estar de acuerdo en el arrendamiento de 40 camiones recolectores, supuestamente de manera irregular, en los cuales, se habrían invertido más de 117 millones de pesos.
Othón Herrera y Cairo, está vinculado a proceso junto con el exalcalde, Jesús Estrada Ferreiro.
La audiencia
Este viernes, se convocó a audiencia para discutir la solicitud de Herrera y Cairo, uno de los siete exservidores públicos, vinculados a proceso.
Durante la audiencia, el abogado defensor del exsecretario municipal, hizo del conocimiento del juez de control, que su representado ya tuvo acercamiento con la Fiscal Especializada Anticorrupción, Nereyda Avilés Aceves, así también, con la actual síndica procuradora del Ayuntamiento de Culiacán, María del Rosario Valdéz Páez, con la finalidad de concretar una suspensión de la investigación en su contra y poder reparar el daño.
Sin embargo, detalló que hasta esta fecha, no se ha podido establecer de conformidad, cuál sería la cantidad económica para reparar el daño al erario público, pues, actualmente se está desarrollando el proceso de mediación, en ese respecto.
Además de los representantes de la Fiscalía General del Estado, en el ejercicio judicial, estuvieron presentes también dos representantes legales del Ayuntamiento de Culiacán, por la parte ofendida, mientras que del lado de los imputados, a Herrera y Cairo le acompañaron, de oyentes, Issel Guillermina Soto González y Raúl Alcántar Kondo, exservidores públicos que están siendo investigados por el mismo hecho.
Busca evitar irse a juicio
El exfuncionario “estradista”, busca recurrir a la figura jurídica llamada “suspensión condicional del proceso”, aunque esto conlleve implícitamente aceptar la comisión del delito.
Con esta suspensión condicional, evita llegar a juicio y recibir una sanción que, en las últimas circunstancias, podría ser la cárcel.
Es legal
De esta manera, el exfuncionario aprovecharía este método jurídico que le permite a las personas implicadas hacer una reparación del daño rápida y no ir a la cárcel, lo cual, es legal con fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
CAPÍTULO III SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO
Artículo 191. Definición Por suspensión condicional del proceso, deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual, contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal.
Pagarían entre todos
Como lo manda el Artículo 194 de mismo Código, de convenirle esta salida alternativa, en una futura audiencia, se daría la explicación Plan de Reparación, donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso.
La defensa del exfuncionario, deberán plantear un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo. Ahí es donde viene el “jaloneo” entre sus abogados y Fiscalía, por el monto a pagar.
De seguir todos el mismo camino para esta salida alternativa, y al ser siete personas (el exalcalde y su comité de adquisiciones) imputadas en esta causa penal, el monto de reparación de daño, es decir, la cantidad que desembolsarían, se dividiría entre todos y les tocaría pagar menos, aunque no necesariamente en partes iguales, esto dependería del grado de responsabilidad de cada implicado.
Antecedente
En Sinaloa, ya se tiene un antecedente en el 2018, con el extinto exsecretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, y otros exfuncionarios malovistas, quienes se acogieron a este salida alternativa, pagando en abonos chiquitos tras aceptar el daño al erario público.
