Culiacán, Sin.- El Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa (Semaes), aprobó en sesión extraordinaria, en lo general, el Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, la cual, se compone de 40 prioridades encaminadas a la prevención, investigación, substanciación, resolución y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
El programa atiende el diagnóstico que refleja la incidencia de los delitos por hechos de corrupción, también, el avance en la evaluación de los recursos materiales y humanos con los que cuentan las instituciones con competencia en responsabilidades administrativas; el diseño de una metodología de evaluación y seguimiento, capacidades y desempeño de las instituciones encargadas del combate a la corrupción y se impulsa la normatividad del servicio profesional de carrera en la administración pública estatal.
Sergio Avendaño, presidente del Comité Coordinador del Semaes, señaló que se atenderán las propuestas hechas por la Dra. María Guadalupe Ramírez, secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, quien junto a su equipo, realizará adecuaciones menores de forma al documento.
“Es un avance, ya cuenta con un programa de implementación, y no solo eso, sino que también cuenta con los indicadores y variables para su seguimiento que eso es sumamente importante porque nos va a permitir saber que tan bien está funcionando la política y si es necesario ajustarla y en qué aspectos específicos”, dijo.
Por su parte, Francisco Lizárraga, secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y responsable de coordinar los trabajos, detalló los pormenores de la presentación pública del Programa de Implementación el próximo 15 de marzo, en donde se contará con la presencia de las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción.
Sinaloa cuenta desde hace tres años, con una Política Anticorrupción que le permitió ser después de Zacatecas, la segunda entidad en tener este instrumento público y ahora se convierte en la entidad número 11 en tener un Programa de Implementación.
