Angostura, Sin.- La resolución del juez, de vincular a proceso y ordenar prisión preventiva para María Luisa “G”, madre de la niña que fue encontrada sin vida semienterrada en Juan José Ríos, en el municipio de Guasave, está violentando los derechos fundamentales de la mujer, ya que por ser indígena, pertenece a un grupo vulnerable, además de que el caso ha sido tan mediático que la sociedad ya la juzgó, externó Victoria Herrera.
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Una de las abogadas voluntarias, que forma parte de la defensa de la imputada, mencionó que desde antes de que iniciara el proceso de manera oficial, las mismas autoridades la estaban señalando como responsable de la muerte de su hija, ya que desde el gobernador, la misma fiscal y la secretaria de las Mujeres en el estado, declararon ante los medios de comunicación, que era la culpable, por lo que van a solicitar un amparo, para que un juez federal revise el veredicto que se dio en esta primera audiencia.
“Consideramos que es lamentable que no se atiendan las violaciones fundamentales de los derechos, porque no es este un momento para decir si es inocente o no, pero sí creemos que lo mediático de este caso ha generado que el juez, hoy resuelva como ha resuelto, porque la sociedad ya la ha juzgado, porque ya lo dijo hasta el gobernador, la Secretaría de las Mujeres, la propia fiscal general; pensamos como defensa tramitar un amparo para que un juez federal revise lo que aconteció”, indicó.
La abogada mencionó que, por ser indígena, María Luisa puede ser víctima de agresiones al interior del penal, es por eso que solicitaron y se les aceptó la petición, para que la imputada esté en un cubículo especial y con vigilancia; además, precisó que otro logro que obtuvieron en la audiencia de este domingo, es que el juez autorizó que se tome en consideración el señalamiento de la tortura sicológica, por lo que este tema será remitido a la FGR, pasa su investigación.
“Desde luego que consideramos que puede ser agredida, por eso tomamos estas medidas de pedirlo, incluso hicimos patente el tema de la tortura y se nos concedió, se va a dar parte a la Fiscalía General de la República, que va a ser la encargada de investigar esta situación; desde el momento en que Fiscalía la tiene resguardada, es que ya ellos estaban previniendo lo que iban a hacer, que era librarle una orden de aprehensión. La prisión preventiva es ilegal, por eso ella no debió de haber quedado en prisión preventiva”, precisó.
Otro de los asuntos que resaltó Victoria Herrera, fue que, en los alegatos de la audiencia y como parte de la defensa, pidieron al juez que se cambie a la intérprete que ha dado acompañamiento a María Luisa, y que sea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, quien determine a uno certificado, ya que han detectado conflicto de intereses de su parte.
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