Guasave, Sin.- Por unanimidad el pleno del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó reformar el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.
Con esto se garantiza que el territorio del estado de Sinaloa tenga en cada municipio un Distrito Judicial con el mismo nombre.
Fue en la sesión pública ordinaria de la Sesenta y Cuatro legislatura donde se reformó que cada Distrito Judicial tendrá la misma extensión territorial y la misma cabecera del municipio de que se trate.
Diputadas y diputados resolvieron pertinente reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa con la finalidad de establecer un marco normativo más claro y coherente con los cambios sociales y de fortalecer el sistema de impartición y administración de justicia a fin de establecer una nueva metodología para la creación de circuitos y distritos judiciales.
Ante esto el diputado Feliciano Valle Sandoval, quien en conjunto con diputados de Guasave como Alba Virgen Montes Álvarez, Aurelia Leal López, entre otros, han subido a la tribuna para manifestar la necesidad de que Guasave tenga un Centro de Justicia celebró que esto haya avanzado y ahora se vea más cerca la posibilidad de contar con la infraestructura.
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La diputada Alba Virgen Montes, del PAS, también precisó que la reforma es sólo para facultar al Poder Judicial para que a través de Acuerdo determine la creación de circuitos judiciales y se atienda el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita de los habitantes de Guasave y Sinaloa. Sólo hasta que existan las condiciones de infraestructura física, recursos humanos y financiamiento, explicó, se podrá contar con un Centro de Justicia Penal con cabecera en Guasave.
De igual manera observó que aun cuando ya se hayan autorizado 30 millones de pesos para la construcción de un Centro Penal de Justicia en Guasave, ello llevará tiempo, porque además de contarse con la infraestructura necesaria, se requiere de tener un rediseño de la operación, de celadores y policías de investigación, y para ello se necesita la participación de la Fiscalía General de Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Pública y el mismo Poder Judicial.
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