Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República giró órdenes de aprehensión en contra de la esposa y dos hermanos del exsecretario de Seguridad Pública en México, Genaro García Luna, juzgado actualmente en Estados Unidos por nexos con el crimen organizado.
Linda Cristina Pereira, esposa del exfuncionario federal, así como una hermana y un hermano son buscados a nivel internacional, luego de que la Interpol emitiera una ficha roja para su localización en más de 190 países, a solicitud de la FGR.
Las órdenes de aprehensión también contemplan a 60 personas más, por los delitos de peculado y lavado de dinero, relacionados con la firma de contratos abusivos y fuera de la legalidad que realizó García Luna durante el sexenio de Felipe Calderón, para equipar las cárceles federales en el país, causando un daño al erario superior a los 5 mil millones de pesos.
“Varias de esas personas ya se encuentran vinculadas a proceso y se han librado fichas rojas para quienes se fugaron del país en su momento”, señaló el Ministerio Público de la Federación.
Indicó que se han asegurado bienes inmuebles derivado de estas investigaciones, así como se bloquearon cuentas bancarias de los involucrados.
La justicia mexicana tiene tres órdenes de aprehensión vigentes contra García Luna, por su presunta responsabilidad en delitos cometidos durante su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, independientes de los tratados en el juicio que se lleva a cabo en Miami, Florida.
Una de las órdenes de aprehensión sería por su participación en la operación ‘Rápido y Furioso’, en el que armas se introdujeron ilegalmente al país, causando un gran número de muertos, entre ellos agentes estatales de Sinaloa en una carretera de Guasave.
La segunda es referente al daño patrimonial por más de 64 mil 900 millones de pesos por la construcción y operación de diversos penales federales, privatizados mediante gestiones de García Luna y sus cómplices.
La última se refiere a la firma de 10 contratos ilegales para equipamiento de las cárceles públicas federales en México, cuyo daño se estima es por 5 mil 112 millones de pesos.
Con información de El Universal
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