Culiacán, Sin.- El pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la armonización de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa con la Ley General de Responsabilidades en la Materia a fin de sancionar a los Servidores Públicos en la omisión de enterar las cuotas y aportaciones ante el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Sergio Mario Arredondo Salas explicó que ahora todas aquellas personas que manejen, apliquen o administren recursos públicos podrán identificar las potenciales situaciones en materia de Conflicto de interés y será tipificado como una falta grave, por lo que resaltó que con esto se abona a administraciones más sanas, más responsables y comprometidas con los derechos de los trabajadores.
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“A fin de establecer que los servidores públicos en la administración de recurso públicos puedan identificar las potenciales situaciones en materia de conflictos de intereses, especificando el cohecho, el desvió de recursos, la contratación indebida, la simulación del acto jurídico y el nepotismo”, dijo.
La diputada Elizabeth Chía Galaviz, del Partido Sinaloense enfatizó que, aunque todavía quedan pendientes más reformas a la Ley del Instituto de Pensiones (IPES), con lo aprobado se garantiza y da certeza a trabajadores que aportan mensualmente al instituto y se promueve la transparencia en el manejo de recursos públicos.
“Al aprobar este dictamen, estamos protegiendo los derechos laborales de las y los trabajadores del estado, así como disminuir las prácticas de corrupción que se han venido generando en los últimos sexenios en los gobiernos de nuestra entidad por parte de servidores públicos”, sostuvo.
Deisy Judith Ayala Valenzuela, diputada Sin Partido destacó que es un gran avance de justicia administrativa en Sinaloa y celebró su importancia pues se responde al reclamo de la ciudadanía sinaloense de los trabajadores pensionados del estado.
En ese sentido, agregó que será sin duda alguna un duro golpe contra la corrupción e impunidad derivada de años de malos manejos.
Lo aprobado establece que se comete simulación de acto jurídico el servidor público que utilice personalidad jurídica distinta a la suya para obtener, en beneficio propio o de algún familiar hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad, recursos públicos en forma contraria a la ley, y esta falta administrativa se sancionará con inhabilitación de cinco a diez años.
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