Ciudad de México. – Durante el informe de “Cero Impunidad”, en el marco de la conferencia matutina este martes, se dio a conocer sobre las diversas acciones para el combate a los diversos delitos en el país, donde se destaca que el que se haya exhibido a jueces que han favorecido a delincuentes.
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El subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodriguez Bucio, al presentar las cifras, se precisó que, en Puebla, Roberto Antonio Domínguez Muñoz y Javier Martínez Castillo, ordenaron la libertad de dos presuntos secuestradores.
“Esto es un caso en la que de manera típica se otorga una medida cautelar distinta a prisión preventiva a dos presuntos secuestradores cuando la pena de este delito va de los 40 a los 100 años de prisión, esto en el estado de Puebla”, dijo. .
Explicó que el caso inició el 23 de enero del 2018 cuando una mujer fue secuestrada en su negocio en la ciudad de Puebla por los dos imputados, Diego N. y Juan Carlos N. Tres días después la víctima fue rescatada en un motel y los dos presuntos secuestradores fueron detenidos, se les formuló la importación y se les impuso prisión preventiva oficiosa.
En febrero del siguiente año ambos fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado y se les ratificó la medida cautelar. Luego pasó casi un año para que la Fiscalía de Puebla formulara la acusación, sin embargo, la defensa de los imputados logró prórrogas, lo que aplazó la audiencia intermedia.
“Sin embargo, casi cinco años después la defensa promueve un amparo para la revisión de las medidas cautelares mismo que fue otorgado por el juez primero de Distrito en Materia Penal en Puebla, Roberto Antonio Domínguez Muñoz. Por ello, el 3 de julio se lleva a cabo la audiencia de revisión de medidas ante el juez de control de la región judicial del centro del Poder Judicial de Puebla.
Detalló que en esa Audiencia el Juez Francisco Javier Martínez Castillo, sin considerar que las prórrogas en el juicio se debieron a la defensa de la parte acusada ni el peligro que supone la liberación de los secuestradores para la víctima, los testigos y la comunidad, resolvió con libertad de jurisdicción cesar la prisión preventiva a los presuntos secuestradores e imponer nuevas medidas como la presentación periódica mensual”.
