José Luis Pérez
Culiacán, Sin.- La presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, la diputada morenista Graciela Domínguez Nava, acusó al Gobierno Estatal de orillar a las viudas de policías a renunciar a un derecho de retroactividad en el caso de sus pensiones, pues ese derecho se debió tener desde que fallecieron los elementos y en muchos de los casos tienen años esperando ese recurso.
Dijo que al final de cuentas, fueron las mismas autoridades quienes desde un inicio se negaron a pagar esas pensiones y provocaron que la bolsa subiera. Por ello, señaló que es un abuso que esa sea la moneda de cambio para sacar adelante el decreto, pues aunque pudiera representar un gasto muy alto el erogar esos pagos, también se debe de reconocer que es lo justo. Sin embargo, dijo que comprende la decisión de las viudas de renunciar a esa lucha por el retroactivo debido a que les urge ya tener algún ingreso.
“Todo indica que así es, y bueno, nosotros si esa es la petición del Gobierno y ellas ya están aceptando, nosotros avanzamos. Nosotros no queremos que esto se siga retrasando, nosotros hacemos por eso el compromiso de rápido trabajar la propuesta para que el día martes se esté votando en el pleno. Sí queremos cuidar muy bien por el Congreso, porque el Congreso está obligado a hacer leyes jurídicamente correctas, y también para que no haya ningún problema de una posible impugnación”, comentó.
Domínguez Nava señaló que se tendrá mucho cuidado en la redacción del texto para que no se vaya a caer en alguna legalidad, y reconoció que también se hará con la compañía del Grupo Parlamentario del PRI, para que junto con el gobernador respalden el nuevo decreto y puedan tenerse los votos necesarios en el pleno para que se apruebe por mayoría calificada, es decir, por más de 27 diputadas y diputados.
“El texto lo tenemos que ajustar ahí con ellos, pues ahora sí que si hay un veto por parte del Gobernador tenemos que negociar con ellos los términos de cómo quedaría la modificación del transitorio, pero cuidando que la esencia de los beneficios se respete, solo atendiendo que no tenga implicaciones retroactivas al menos en el decreto”, agregó.
La legisladora morenista dijo que la información que algunos municipios y el Gobierno del Estado enviaron sobre el impacto financiero que representará cumplir con los compromisos descritos en el decreto no ayudó en el análisis, pues la forma en la que se presentaron las cifras no era la requerida.
