Culiacán, Sin.- Los títulos que emite la Universidad Autónoma de Sinaloa tienen total validez oficial porque están reconocidos por la Secretaría de Educación Pública Federal, por lo que el documento que circuló la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado sólo materializa una intromisión indebida en la vida de la Casa Rosalina porque no hay ningún riesgo para los jóvenes, afirmaron los abogados universitarios.
Milton Ayala Vega, respondió al acuse que emitió la dependencia estatal en la que señala que “no legalizará” los títulos de la UAS porque están “viciados” al ser firmados por el encargado del despacho de rectoría, pues afirma que su plazo ya feneció para cumplir con esa figura, a lo que el abogado universitario negó tales afirmaciones.
“Los juzgados federales nos darán la razón pronto en relación a este documento, pero no hay ningún riesgo para los jóvenes (ese documento) no tiene un solo artículo donde diga las facultades que tienen ellos para decir si los títulos son o no son válidos”, remarcó Ayala Vega mediante un comunicado de prensa.
En réplica, manifestó que en el caso de las universidades autónomas cuya autonomía está prevista en el artículo 3ro Fracción VII de la Constitución, tienen la facultad de autogobernarse y autorregularse y decidir cómo titular, procedimiento que lo da a conocer a la SEP Federal a través del denominado REVOE (Registro de Validez Oficial de Estudios).
Por su parte el representante legal de la UAS, José Ramón Bonilla Rojas, pidió a los funcionarios estatales que le “peguen” una leída a la Fracción VII del Artículo 3ro Constitucional, que implica que los diplomados, documentos y títulos que expide una universidad autónoma “no ocupa el aval, consentimiento, ni favor de ninguna autoridad estatal”.
Aseguró que quien está haciendo algo indebido es la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y pidió que no confundan a la comunidad estudiantil y precisó que el encargado del despacho de rectoría es nombrado por el H. Consejo Universitario en el uso de sus atribuciones y por lo tanto es lícito que Robespierre Lizárraga Otero esté firmando documentos.
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