Culiacán, Sin.- La Fiscalía solicitó la vinculación a proceso de Jesús Madueña Molina y el Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa por el delito de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público, derivado de la contratación irregular de obra pública.
Detalló que durante el periodo 2021 y 2022 se realizaron una serie de obras de manera irregular, por un monto superior a los 20 millones de pesos, correspondiente a demoliciones, trabajos en paredes de tablaroca, falsos plafones, instalación de cancelería, portones y ventanas e impermeabilización, entre otros trabajos en diversas unidades de UAS.
Las obras se realizaron en el gimnasio cardiovascular, área administrativa de la Facultad de Arquitectura y área de Oftalmológica, en Culiacán. Así como la Unidad de Turismo, facultad de Gastronomía y Nutrición, gimnasio de usos múltiples del Polideportivo de la Unidad Regional Zona Sur, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, departamento de Construcción y Mantenimiento, Ciudad Universitaria, preparatoria Antonio Rosales, vicerrectoría, estos en Mazatlán.
La adquisición de obras se realizó a Arquitectos Constructores de Sinaloa SA DE CV, de Nacer Augusto Sánchez López en los períodos 2021, con una inversión de 10 millones 898 mil 756.63 pesos, y 2022, con una inversión de 10 millones 65 mil 506.40 pesos.
La Fiscalía señaló que todas estas obras se realizaron por adjudicación directa, cuando debieron haberse hecho por licitación, debido a que supera los monto máximos que señala la ley.
Señalan que con estas contrataciones se violentan los principios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, afectando al servicio público y en perjuicio de el patrimonio de la Casa Rosalina.
Ante estos señalamientos Madueña Molina expresó que todas las obras se habían realizado en beneficio de los estudiantes de cara al regreso a clases y por indicación de Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior.
En su relatoria la Fiscalía señaló que estas obras se había realizado con recursos estatales, a lo que el representante legal de la UAS, Yamir de Jesús Valdez Álvarez, aseguró que la Universidad no había recibido recursos de este tipo en el periodo de 2017 a septiembre de 2023.
Tras esta discusión, La Fiscalía solicitó la vinculación a proceso de Héctor Melesio Cuén Díaz, Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio, Salvador Pérez Martínez y Oscar Orlando Guadrón, por el delito de desempeño irregular de la función pública. Así como de Jesús Madueña Molina, por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Esto lo realizo con base en una denuncia criminal interpuesta el 27 de mayo de 2023 por Ángel Angulo Cázarez, de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.
Señalaron que se contaban con 47 comprobantes fiscales digitales correspondientes a 2021, por un monto de 9 millones 390 mil 479.85 pesos, y de 81 comprobantes más de 2022, por un monto de 8 millones 677 mil 160 pesos.
Así como un oficio de la UAS en el que se constata que los imputados formaban parte del Comité de Adquisiciones en 2021 y 2022.
El 19 de junio de 2023 recibieron de Victor Hugo Rodrigo Tiznado, director jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, los comprobantes fiscales de los pagos realizados por la UAS a Arquitectos Constructores de Sinaloa.
También se accedió al listado de licitaciones públicas de la UAS en 2021 y 2022, pero no hay ninguna sobre estas contrataciones.
Enrique Alfonso Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas, aportó dos discos con información de las transferencias de Gobierno del Estado se Sinaloa realizadas a la UAS, a la misma cuenta que se pagó al proveedor, lo que confirma que se pagó con recurso estatal.
Además en entrevistas realizadas a trabajadores de Arquitectos Constructores de Sinaloa, estos señalaron que solo se encargan de hacer trabajos de albañilería y para el resto se subcontrataba personal, lo que la Fiscalía expuso como un sobre precio, a lo que también se suma que la empresa contratada era de Culiacán y la mayoría de las obras se realizaron en Mazatlan, lo que implica gasto de traslado y hospedaje.
Por su parte la defensa de los imputados alegó que la mayoria de las facturas expedidas a Arquitectos Constructores de Sinaloa estaba canceladas y en total, entre ambos años, apenas se superaban los 7 millones de pesos.
Al final, los abogados universitarios se apegaron a la duplicidad del término para la resolución jurídica de sus defendidos y el juez reprogramó la audiencia para el 2 de julio en punto de las 9:00 horas.
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