Venezuela.- En medio de la crisis poselectoral en Venezuela, más de 700 detenidos, catalogados como presos políticos, fueron trasladados a dos cárceles de máxima seguridad durante la última semana, según informó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
El traslado se llevó a cabo a las cárceles de Tocuyito en Carabobo y Tocorón en Aragua, con diversas irregularidades, incluyendo falta de aviso a sus familiares, según denunció la ONG.
“Todos los guarimberos (manifestantes) van para Tocorón y Tocuyito, cárceles de máxima seguridad”, dijo Maduro en ese entonces.
Los traslados, llevados a cabo el 25, 27 y 30 de agosto, se realizaron de manera cuestionable, ya que muchos detenidos se enteraron de la situación al recibir visitas de sus familiares en los calabozos policiales, sin previo aviso por parte de las autoridades. Esta acción ha generado preocupación en cuanto al respeto de los derechos de los detenidos.
Hasta el momento, las autoridades no brindan información sobre la situación de los trasladados, impidiendo que puedan comunicarse con sus familiares o designar abogados para su defensa. La falta de transparencia en este proceso ha generado críticas y preocupación en la comunidad internacional.
Otras cifras y denuncias en Venezuela
Desde el inicio de las protestas contra la reelección de Nicolás Maduro, más de 2,400 personas han sido detenidas, incluyendo adolescentes, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición.
Del total de detenidos, aproximadamente 1,581 han sido identificados como presos políticos por el Foro Penal, organización que sigue de cerca la situación de los encarcelados por motivos políticos en el país.
En medio de este contexto tenso, las cárceles de Tocorón y Tocuyito han sido seleccionadas para recluir a los detenidos en las protestas, aunque persisten dudas sobre las condiciones en las que se encuentran los detenidos y las garantías de un juicio justo.
La comunidad internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos continúan monitoreando la situación en Venezuela ante las preocupantes denuncias de falta de transparencia y respeto a los derechos fundamentales.
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