Estados Unidos.– El Gobierno de Estados Unidos ha dado un paso importante en busca de justicia tras el trágico colapso del puente en Baltimore el pasado mes de marzo.
Una demanda ha sido presentada contra las dos compañías propietarias del buque involucrado en el accidente, Grace Ocean Private Limited y Synergy Marine PTE LTD, ambas con sede en Singapur.
Según el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de EU, se busca que las empresas paguen una compensación de más de 100 millones de dólares por los costos relacionados con la respuesta al desastre y la limpieza de los restos del naufragio.
Esta acción legal tiene como objetivo evitar que los contribuyentes estadounidenses asuman estos gastos.
El fiscal general de EU, Merrick Garland, ha enfatizado la importancia de que las compañías responsables del buque asuman las consecuencias de sus acciones negligentes.
La demanda civil acusa a estas empresas de no abordar los problemas técnicos de la embarcación, lo que desencadenó el trágico incidente que cobró la vida de seis trabajadores.
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En palabras de Brian M. Boynton, fiscal del caso, esta catástrofe era evitable y fue resultado de errores previsibles por parte de los propietarios y operadores del buque. A pesar de los intentos de la compañía Grace Ocean por limitar su responsabilidad al valor del buque, el Departamento de Justicia ha tomado medidas en contra de esta postura.
Tanto el Gobierno federal como la ciudad de Baltimore han emprendido acciones legales contra las empresas responsables, y se espera que los familiares de las víctimas también busquen justicia a través de demandas individuales.
En una rueda de prensa, la viuda de uno de los trabajadores fallecidos expresó su deseo de que se haga justicia en nombre de todos los trabajadores esenciales involucrados en este trágico suceso.
El colapso del puente en Baltimore ha desencadenado una serie de acciones legales por parte del Gobierno de EU, buscando responsabilizar a las empresas detrás del buque involucrado en el accidente.
La demanda civil presentada apunta a garantizar que los costos de limpieza y reparación sean asumidos por los culpables, en lugar de recaer en los contribuyentes.
