Argentina.- En una decisión sin precedentes, un tribunal argentino ha ordenado la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Esta determinación, adoptada por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires como resultado de una denuncia presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), también incluye la captura del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, y otros funcionarios del gobierno chavista. La organización calificó esta decisión como “histórica” y un paso crucial en la lucha contra la impunidad de los dictadores.
Por su parte, Elisa Trotta, secretaria general del FADD, destacó que Maduro se ha convertido en un prófugo de la justicia y que el mundo se estrecha para quienes han cometido crímenes atroces. Asimismo, recordó que el Gobierno de Maduro enfrenta una investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Esta decisión del tribunal argentino envía un mensaje contundente a la comunidad internacional y a la CPI. El juez Karim Khan de la CPI ha sido instado a avanzar con órdenes de captura internacional para acabar con la impunidad en Venezuela. Cabe mencionar que recientemente, la Misión Internacional Independiente de la ONU denunció una brutal represión y violencia sin precedentes en Venezuela después de las elecciones presidenciales de julio pasado.
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En un giro sorprendente, este acontecimiento se produce una semana después de que la justicia venezolana ordenara el arresto del presidente argentino Javier Milei por el supuesto robo de un avión, una acción que ha suscitado aún más tensiones entre ambos países. La comunidad internacional observa con atención estos eventos que marcan un hito en la lucha contra la impunidad y los crímenes de lesa humanidad.
La orden de captura de Nicolás Maduro en Argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad representa un paso relevante en la búsqueda de justicia y el fin de la impunidad. Este hecho histórico no solo impacta en el ámbito nacional, sino que también envía un fuerte mensaje a la comunidad internacional sobre la importancia de la rendición de cuentas en casos de violaciones graves de los derechos humanos.