Fort Lauderdale, Florida, EE.UU.- En Florida, este martes 1 de octubre se han implementado nuevas leyes que imponen restricciones a las personas sin hogar, especialmente en lo que respecta a dormir en espacios públicos.
La normativa, conocida como HB1365, autoriza a los condados a designar áreas específicas para acampar, bajo ciertas condiciones. Sin embargo, críticos argumentan que estas medidas podrían criminalizar a los individuos en vez de ofrecer soluciones de vivienda.
Impacto de la nueva ley en Florida
Según la ley HB1365, en situaciones donde los refugios estén llenos, se permitirá a los homeless acampar en áreas designadas, previa aprobación del Departamento de Niños y Familias. Esta legislación ha sido respaldada por el gobernador Ron DeSantis, quien asegura que proporcionará apoyo a las personas sin hogar para su recuperación.
En caso de incumplimiento, tanto empresas como residentes estarán habilitados para demandar a las autoridades locales.
Acciones de Miami-Dade ante la normativa
Ante esta nueva realidad legal, la Miami-Dade County Homeless Trust ya está planeando estrategias para asistir a los afectados. Ron Book, presidente de la organización, ha anunciado la expansión de camas en refugios y la creación de centros de navegación, así como una comunidad de viviendas pequeñas para acatar la ley.
No obstante, algunos sectores advierten que esto podría resultar en arrestos de personas que rechacen ser trasladadas a un refugio, lo cual es considerado como una medida lamentable.
Respuesta de las autoridades en caso de incumplimiento
El Departamento de Policía de Miami-Dade ha señalado que se buscará primero conectar a las personas sin hogar con servicios y refugios antes de proceder con detenciones. Sin embargo, enfatizan que si se está violando la ley y se niegan a acudir a un refugio, se evaluará la situación, priorizando la salud y la seguridad pública.
Por otro lado, desde la Coalición de Miami para promover la equidad racial, se aboga por la construcción de refugios transitorios como puente hacia viviendas permanentes, reconociendo la gravedad de la crisis y comprometiéndose a actuar en consecuencia.
El estado presupuestó 30 millones de dólares para ayudar a los municipios a promulgar la ley y proporcionar a los indigentes tratamiento de salud mental y contra el abuso de sustancias. Pero muchos funcionarios locales dijeron que no es suficiente.
Los condados con las mayores asignaciones presupuestarias para este tema no superan los 600.000 dólares cada uno.
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