Culiacán, Sin.- Ante la renuencia de las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) de acatar los lineamientos establecidos en la reforma que se hizo de la Ley Orgánica que fue aprobada por el Congreso del Estado, un grupo de universitarios acudieron y obtuvieron del Poder Judicial un amparo, por medio del cual se ordena a la Casa Rosalina que a la brevedad acate dicha norma y se convoque a la elección de sus autoridades, así lo informó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputada María Teresa Guerra Ochoa.
La legisladora informó que fue en el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en la Ciudad de Los Mochis, instancia ante la que acudieron un grupo de universitarios para tramitar el Amparo 632/2024, reclamando que a pesar de haber sido aprobada por el Poder Legislativo, las autoridades universitarias se negaban a acabar lo dispuesto por la Ley Orgánica vigente, en especial a lo relacionado en materia de elección de las autoridades como rector, consejeros universitarios y demás autoridades, por lo que acudieron y obtuvieron la protección de la justicia federal.
“Les fue concedida la suspensión y se les está desde el Juzgado Séptimo de Distrito obligando a la Universidad a que convoque a elecciones con base en la nueva Ley Orgánica, es decir, se ha considerado que han omitido convocar a elecciones para integrantes del Consejo Universitario con base en la Ley Orgánica que aprobó la 64 Legislatura”.
El presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, precisó que en este amparo la autoridad judicial solicita información del estatus de la autoridad actual de la Universidad, porque pide a la dirección de Recursos Humanos informe cómo fue designado.
“Se plantea que Recursos Humanos en un plazo de tres días informe si el rector interino se encuentra en los supuestos del Artículo 35 de la Ley Orgánica, es decir, acuérdense que esa figura de encargado del despacho no existe en la Ley Orgánica”.
La diputada Guerra Ochoa hizo un llamado a las autoridades universitarias a acatar la normatividad, abstenerse de seguir judicializando el tema y acercarse para establecer un diálogo que permita el pleno entendimiento y restablecer la legalidad en la institución de educación superior.
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