Ciudad de México.- Martí Batres Guadarrama, director general del Issste (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), ventiló este martes el presunto desvío de recursos y actos de corrupción presentados en la Fundación Issste, otro ‘ejemplo’ de la privatización de la Salud Pública en el periodo denominado neoliberalismo.
“En estos meses hemos investigado y encontrado más información sobre la llamada ‘Fundación ISSSTE’, fundada el 15 de noviembre de 2016 como Asociación Civil. Esta fundación no pertenece al @ISSSTE_mx”, expone en sus redes sociales.
“Es uno de los ejemplos del proceso de saqueo y privatización de las instituciones públicas, cuando los gobiernos neoliberales decidieron crear entes privados de intermediación para desviar recursos públicos”, añade.
En conferencia ‘mañanera’ de este 18 de febrero, el funcionario exhibió el arrendamiento de espacios y el saqueo de 5 millones de pesos (mdp) para la entrega de sillas de ruedas, de las cuales no hay comprobante de compra.
“Los propios funcionarios públicos crearon instituciones privadas de intermediación para desviar recursos públicos que podían haberse invertido directamente desde instituciones públicas”, acusó en Palacio Nacional.
El servidor público explicó de la Fundación Issste se instituyó en noviembre de 2016 como una asociación civil.
Entre 2017 y 2018 se entregaron a título gratuito 27 espacios dentro de las instalaciones del organismo para cafeterías y máquinas expendedoras de café; pero 15 espacios fueron arrendados indebidamente con fines de lucro, de los cuales el Issste no tuvo participación.
En 2017 el Issste entregó a manera de ‘donación’ a la fundación 5 mdp para la adquisición de sillas de acompañamiento, camillas, sillas de ruedas, auxiliares auditivos, prótesis y libros, no obstante, no se encontró información sobre estas compras, ni en que fue destinado el dinero.
En mayo de 2023, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, se presentó una demanda para recuperar los espacios entregados y hasta la fecha, solo se han regresado 8 de los 15.
Martí Batres detalló que aún está pendiente recuperar las oficinas de San Fernando y la cancelación del permiso para uso del nombre Fundación Issste.
También expuso que un juez otorgó un amparo a la Fundación para no devolver oficinas ocupadas sin convenio y aclaró que hay denuncias abiertas.
“El Ministerio Público de carácter penal y ante la Secretaría de la Función Pública, son quienes harán las investigaciones correspondientes, pero digamos que hay dos denuncias una de carácter penal y otra de carácter administrativo”, señaló.
Cuestionado si estas denuncias son contra funcionarios, el director del Issste respondió.
“Son denuncias abiertas, ahora sí que ellos determinarán las responsabilidades”.
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