Culiacán, Sin.- Por unanimidad, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN) desechó una queja presentada por el Partido Sinaloense (PAS), en contra del ex candidato a la presidencia municipal de Mazatlán por PRI, PAN y PRD, Fernando Pucheta Sánchez, así como de dichos partidos; Carlos Alberto Álvarez Ramos, coordinador general de campaña del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán y Jesús Moreno Martínez, secretario general de dicho sindicato.
A todos ellos se les acusaba de actos de campaña, distribución de propaganda electoral en el interior de oficinas destinadas a la prestación de servicios públicos, coacción del voto e indebida utilización de recursos públicos. Ello, después de que el pasado 19 de mayo se llevara a cabo una reunión convocada de manera conjunta por Pucheta Sánchez, los miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Jumapam y su secretario general.
“Y al final de la reunión se les pidió que votaran por el candidato denunciado. Asimismo, afirma que el Comité Ejecutivo de mencionado sindicato y su secretario general, mostraron su apoyo incondicional al candidato e instruyeron a todos los agremiados presentes a votar por dicho candidato, argumentando que tendrían mejores beneficios y, en el caso de no apoyarlo, perderían muchos derechos sindicales, por lo que para el quejoso se puede observar la coacción e inducción del voto”, se leyó en la cuenta.
El Tribunal acreditó la realización de una reunión enfrente de las oficinas de la Jumapam, sin embargo, no se pudo comprobar que se tratara exclusivamente de trabajadores de la Junta y en específico solo sindicalizados. Tampoco que se les haya presentado la plataforma electoral o las propuestas de campaña, ni que el entonces candidato hubiera ingresado al inmueble.
Tampoco hubo pruebas sobre presiones del sindicato contra los trabajadores para su asistencia al evento, o la distribución de camisetas con propaganda electoral, por lo que el Tribunal decidió declarar inexistentes las infracciones atribuidas a todos los denunciados.
