El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha validado la protección de niños, niñas y adolescentes contra la violencia cibernética, especialmente la que involucra el mal uso de inteligencia artificial.
En una resolución unánime, los ministros respaldaron un proyecto presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat en el cual se abordaba una acción de inconstitucionalidad relacionada con un artículo de la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes de Zacatecas.
Esta legislación garantiza a los menores el derecho a una “vida libre de violencia cibernética, digital, así como todas aquellas mediante el uso de inteligencia artificial”.
La ministra ponente argumentó que el incremento en el uso de la tecnología por parte de los menores los expone a diversas formas de violencia en línea, como el ciberacoso, la explotación sexual, la exposición a contenido inapropiado y la vulneración de su privacidad.
Expresó que la inteligencia artificial conlleva riesgos considerables, desde la generación y difusión de material de explotación sexual infantil hasta la manipulación por parte de delincuentes.
Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá destacó la importancia de incluir definiciones claras en las leyes para evitar ambigüedades. Aunque votó a favor del proyecto, señaló que la falta de definiciones no siempre es constitucionalmente aceptable.
La ministra Yasmín Esquivel enfatizó la vulnerabilidad de los menores frente a la difusión de imágenes sexualizadas creadas con inteligencia artificial, ya que carecen de la madurez necesaria para distinguir lo real de lo artificial.
En febrero pasado, la SCJN también validó que en el Código Penal de Sinaloa se incluya como delito la manipulación de contenido audiovisual con inteligencia artificial para generar contenido de índole sexual.
Esta decisión de la SCJN marca un precedente importante en la regulación del uso de inteligencia artificial, subrayando la necesidad de proteger la integridad y privacidad de las personas frente a posibles abusos tecnológicos. Con esta medida, se refuerza el compromiso de garantizar un entorno digital más seguro y ético para todos.
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