Mazatlán, Sin.- Comuneros de Santa María, municipio de Rosario, han denunciado graves irregularidades en la expedición de certificados agrarios y el cobro de indemnizaciones relacionadas con la construcción de la presa Santa María, señalando negligencia administrativa y posibles actos de corrupción.
Victorino Ávila Osuna, comunero de la localidad y representante de los afectados, reveló que desde 2016, Marcial Gallardo Durán espera sin respuesta la regularización de sus derechos sobre tierras que su padre le cedió legalmente. A pesar de que un tribunal ordenó al Registro Agrario Nacional (RAN) emitir la documentación correspondiente, el trámite ha enfrentado múltiples obstáculos, incluyendo la falta de formatos y retrasos injustificados por parte de funcionarios.
En un hecho que ha generado indignación, Ávila Osuna relató que una licenciada, de apellido Rojo, los mantuvo en espera durante una hora mientras jugaba videojuegos, para luego informarles que no existían los formatos necesarios para procesar la solicitud. Peor aún, en 2024 se entregaron certificados a otras personas, omitiendo a Gallardo Durán, a pesar de tener prioridad por su antigüedad en el trámite.
La investigación impulsada por Ávila Osuna descubrió que algunos comuneros, como Ángel Toledo Medrano, habrían vendido en múltiples ocasiones sus derechos de resolución presidencial, obteniendo certificados y cobrando indemnizaciones sin contar con sentencias aprobatorias del Tribunal Agrario.
“Este enojo pues me hizo a mi investigar más y resulta que en la comunidad de Santa María y anexos del municipio de Rosario, Sinaloa, se han vendido derechos; tengo pruebas. Ángel Toledo Medrano vendió su derecho de resolución presidencial tres veces, no sé cómo le hizo para adquirir el certificado, pero cuando llegó un dinero de gobierno del Estado éste cobró y también cobró”, dijo.
Resaltaron que además las personas que habían comprado los derechos a Ángel Toledo también recibieron un certificado y además cobran con el dinero que les entrega el gobierno del Estado. Todo esto mientras los comunero que han estado esperando su certificado desde 2012 y 2016, como es el caso de Marcial, siguen sin una respuesta y cada vez son más ignorados.
“Y gobierno del Estado nos debe a nosotros, mucho, y nos abandonó, nos dejó solos. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de reunirnos, somos mayoría y nos convertimos en Asamblea en Movimiento, porque se debe saber que en esa comunidad la asamblea es la máxima autoridad y como máxima autoridad nos convocamos a reuniones para estarnos informando y luchar por los beneficios que nos corresponden”, añadió.
Esta situación afecta a un gran número de comuneros, tanto por la falta de expedición de certificados como la falta de pagos de indemnizaciones por la construcción de la presa, que en el caso de Victorino Ávila Osuna, son más de 600 mil pesos comprobables, quien además ya interpuso una denuncia para su caso particular.
Debido a lo complejo de la situación, están haciendo un llamado urgente a gobierno del estado y gobierno federal para que se atiendan las situaciones de los comuneros y se combatan los actos de corrupción que están ocurriendo de manera deliberada en la comunidad de Santa María, Rosario.
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