Con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, el Gobierno del presidente Donald Trump ha logrado reanudar la deportación de migrantes a terceros países, sin ofrecerles la oportunidad de demostrar los riesgos que podrían enfrentar en su nuevo destino.
Esta medida se enmarca en la estrategia de deportaciones masivas liderada por la administración actual.
El mandato que obligaba al Gobierno a brindar a los inmigrantes la posibilidad de alertar sobre posibles situaciones de violencia o tortura en los llamados “terceros países” ha sido levantado por los jueces, allanando el camino para una deportación más expedita.
La jueza Sonia Sotomayor, junto a los otros dos jueces liberales del tribunal, expresó su desacuerdo calificando la decisión como un “abuso flagrante” de la discrecionalidad judicial.
La polémica surge luego de que el Departamento de Seguridad Nacional intensificara las deportaciones rápidas a terceros países en febrero. Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda colectiva para detener estas expulsiones sin previo aviso ni oportunidad de defensa efectiva.
El juez de distrito Brian Murphy cuestionó las acciones del Gobierno al intentar enviar a un grupo de inmigrantes a Sudán del Sur, un país marcado por la inestabilidad política y la violencia.
Esta intervención judicial evitó que los migrantes fueran deportados, siendo retenidos en una base militar de Yibuti. Entre los afectados, se encontraban personas de diferentes nacionalidades, destacando un ciudadano sursudanés, así como individuos de Cuba, México, Laos y Vietnam.
En este controvertido contexto, la resolución de la Corte Suprema de EE. UU. marca un hito en la política migratoria de la administración Trump, generando repercusiones tanto a nivel nacional como internacional.
Fuente: Reuters.
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