Las autoridades de California han tomado la decisión de presentar una demanda contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por lo que consideran un despliegue “ilegal” de la Guardia Nacional.
Esta acción se realizó bajo la premisa de contener las protestas en Los Ángeles relacionadas con las redadas migratorias.
Según el fiscal general de California, Rob Bonta, junto con el gobernador Gavin Newsom, la decisión de Donald Trump de federalizar la Guardia Nacional de California fue considerada una actuación abusiva de la autoridad federal y una violación de la Décima Enmienda de la Constitución.
Bonta expresó que activar a estas tropas para controlar protestas que las fuerzas locales tenían bajo control resultó injusto y despectivo hacia su servicio y sacrificio.
Es importante destacar que el despliegue de tropas como la Guardia Nacional requiere el consentimiento del gobernador, y en este caso, se señala que es la primera vez desde 1965 que un presidente de los Estados Unidos realiza tal acción sin la solicitud correspondiente del gobernador del estado.
El gobierno de California ha manifestado que el gobernador Newsom tiene la autoridad para convocar a la Guardia Nacional cuando lo considere necesario, como lo hizo en situaciones anteriores como los incendios en Los Ángeles y durante protestas en el verano de 2020.
Ante esta controversia, tanto la Casa Blanca como el gobierno de Newsom han mostrado desacuerdos por la decisión de Trump de utilizar a la Guardia Nacional para contener protestas en Los Ángeles relacionadas con redadas migratorias, una medida que ha sido rechazada por las autoridades locales.
En respuesta a la situación, Tom Homan, encargado de la política migratoria de la Casa Blanca, mencionó en una entrevista que Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, podrían enfrentar un arresto.
Ante esto, el gobernador respondió desafiante, indicando: “Tom, arréstame”. Posteriormente, Homan aclaró que no hay planes para detener al gobernador, pero advirtió que el gobierno de Trump no tolerará obstáculos a la aplicación de la ley.
Esta disputa legal y política entre California y la administración federal continúa desarrollándose, generando tensiones y desafíos que requieren ser resueltos de manera adecuada para mantener el orden y la legalidad en el estado.
Con información de EFE …
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