La fundación “El Amparo” ha anunciado su intención de denunciar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y a miembros de su cadena de mando ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la deportación de más de 200 venezolanos desde Estados Unidos hacia territorio salvadoreño.
Estos venezolanos son acusados de presuntamente integrar el grupo delictivo Tren de Aragua, según declaraciones de Walter Márquez, presidente de la ONG.
Márquez, en una rueda de prensa virtual, mencionó que se recurrirá también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares a favor de estos migrantes y garantizar el respeto al debido proceso.
Asimismo, expresó su preocupación por el maltrato que han sufrido algunos de los detenidos en la cárcel de máxima seguridad Cecot, instando a que las autoridades salvadoreñas inicien una investigación al respecto.
En un intento por verificar las condiciones de estos venezolanos, Márquez y un grupo de familiares viajaron al país, donde constataron que los deportados se encuentran aislados, incomunicados y sin claridad sobre su futuro legal, sin haber cometido delitos en El Salvador.
A su vez, el abogado afirmó que ninguno de los deportados pertenece al grupo delictivo Tren de Aragua, cuestionando la falta de pruebas en instancias judiciales de EE. UU.
La situación de estos venezolanos ha levantado preocupación a nivel internacional. La ONU mencionó que podrían estar en una situación de desaparición forzada en El Salvador, debido a la incertidumbre sobre su paradero y situación tras la deportación.
La falta de listados oficiales de detenidos por parte de las autoridades estadounidenses y salvadoreñas ha generado un escenario de completa incertidumbre respecto a su situación legal en El Salvador.
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