Washington, D.C.—“Sin salidas anticipadas ni excepciones: es un año de cárcel”, advirtió el presidente Donald Trump al firmar este lunes una orden ejecutiva que endurece las sanciones contra quienes quemen la bandera estadounidense durante protestas.
La medida, anunciada desde el Despacho Oval, busca castigar penalmente actos considerados “profanación de símbolos nacionales”, especialmente si están vinculados a disturbios o violencia.
La iniciativa surge tras manifestaciones recientes en Los Ángeles contra operativos migratorios, donde se registraron quemas de banderas y consignas contra autoridades.
“La gente de este país no quiere ver nuestra bandera quemada y escupida”, afirmó Trump. “Quemas una bandera, un año de cárcel”, reiteró, aunque el texto oficial no especifica penas concretas, sino que instruye al Departamento de Justicia a aplicar las leyes penales y civiles pertinentes.
La procuradora general Pam Bondi respaldó la orden, asegurando que se aplicará “sin entrar en conflicto con la Primera Enmienda”. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles advierten que podría enfrentarse a impugnaciones legales, ya que la quema de la bandera ha sido reconocida por la Corte Suprema como una forma de expresión política protegida desde el histórico caso de Gregory Lee Johnson en 1989.
Además de las sanciones penales, la orden contempla medidas migratorias: se instruye al Departamento de Estado y al de Seguridad Nacional a negar visas, permisos de residencia y beneficios migratorios a extranjeros que participen en actos de “profanación de bandera”.
Trump justificó la medida señalando que “la libertad de expresión no puede convertirse en una licencia para faltar al respeto a los símbolos que representan a nuestra nación”. Para el mandatario, la bandera es “el símbolo más sagrado y preciado de Estados Unidos”, y su quema representa “una declaración de desprecio, hostilidad y violencia contra nuestra nación”.
La orden ejecutiva marca un nuevo capítulo en el debate sobre los límites de la protesta en EE.UU., y podría escalar a tribunales si se impugna su constitucionalidad. Mientras tanto, el mensaje presidencial es claro: la bandera no se toca.
Con información de EFE
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