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Estados Unidos. –En un giro político inesperado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que aprobó un proyecto de ley que obliga a liberar los archivos gubernamentales relacionados con Jeffrey Epstein, el fallecido delincuente sexual convicto. La medida representa un punto de inflexión en una larga disputa sobre la transparencia en torno a las investigaciones federales del caso.
Según la nueva legislación, el Departamento de Justicia dispone de 30 días para publicar toda la información derivada de las pesquisas oficiales sobre Epstein. No obstante, la ley permite reservar documentos que estén vinculados a investigaciones criminales aún activas o que puedan vulnerar la privacidad personal de individuos no acusados.
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¿A qué se debe el cambio de postura de Trump?
Hasta hace apenas unas semanas, Trump había rechazado categóricamente la idea de divulgar los archivos, calificando la propuesta como un “engaño demócrata” destinado a desviar la atención de los logros de su partido. Esa postura suponía ya un contraste con su enfoque previo a las elecciones de 2024, cuando se mostró a favor de la transparencia.
Sin embargo, la presión pública, especialmente de víctimas de Epstein y de miembros prominentes del propio Partido Republicano, provocó un viraje en su posición. El mandatario anunció su respaldo a la iniciativa el pasado fin de semana, prometiendo que “la verdad sobre los demócratas y sus asociaciones con Epstein” saldría a la luz tras firmar la ley para liberar los archivos.
Con su apoyo, la resolución avanzó sin obstáculos significativos en el Congreso. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto con un abrumador 427-1, mientras que el Senado dio su consentimiento unánime.
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Debate sobre la privacidad y las posibles consecuencias
El único voto en contra provino del republicano Clay Higgins, de Luisiana, quien advirtió que la divulgación podría poner en riesgo a “miles de personas inocentes” que colaboraron con los investigadores. Su preocupación gira en torno al alcance de los documentos, que podrían incluir declaraciones o información sensible no relacionada con delitos.
Pese a las reservas, la legislación ya está en vigor. La procuradora general Pam Bondi deberá supervisar la liberación de los archivos en el plazo establecido, un proceso que podría reavivar el escrutinio público sobre las figuras vinculadas directa o indirectamente al caso Epstein y sus redes de poder.
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