El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) recomendó ampliar los métodos de ejecución federal para incluir pelotones de fusilamiento, electrocución y asfixia con gas, en cumplimiento de la promesa del presidente Donald Trump de reanudar la pena capital en su segundo mandato.
El informe, publicado este viernes por el fiscal general interino Todd Blanche, señaló que la medida busca garantizar la aplicación de la pena de muerte incluso ante la escasez de fármacos para las inyecciones letales.
Blanche autorizó la solicitud de sentencias de muerte contra nueve personas tras la revocación de la moratoria federal que había sido impuesta por Joe Biden.
El comunicado del DOJ indicó que se readoptó el protocolo de inyección letal utilizado durante la primera administración Trump y se amplió para incluir métodos adicionales como el pelotón de fusilamiento y la electrocución, además de la asfixia con gas, aplicada por primera vez en Alabama en 2024.
“Esta modificación ayudará a garantizar que el Departamento esté preparado para llevar a cabo ejecuciones legales incluso si no se dispone de un fármaco específico”, señala el informe.
Durante su primer mandato, Trump reanudó las ejecuciones federales tras una pausa de 20 años, aplicando la pena capital a 13 presos mediante inyección letal en los últimos meses de su gestión.
Por su parte, Biden conmutó las sentencias de 37 personas en el corredor de la muerte federal, dejando solo a tres hombres en espera de ejecución.
¿Qué métodos de ejecución se proponen?
Pelotones de fusilamiento, electrocución y asfixia con gas.
¿Por qué se plantea esta medida?
Por la dificultad de conseguir los fármacos necesarios para las inyecciones letales.
¿Qué antecedentes existen?
Trump reanudó las ejecuciones federales en 2020-2021, mientras Biden impuso una moratoria y conmutó sentencias.
¿Qué dijo el DOJ?
Que la ampliación del protocolo busca garantizar la aplicación de la pena capital bajo métodos constitucionales.
La propuesta del Departamento de Justicia refleja el giro en la política federal sobre la pena de muerte bajo la administración Trump, al tiempo que reabre el debate sobre la constitucionalidad y la ética de los métodos de ejecución en Estados Unidos.
