Washington.— La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro, emitió un aviso para que bancos y cooperativas identifiquen y denuncien actividades ilícitas vinculadas al empleo de migrantes indocumentados. La medida se enmarca en la Orden Ejecutiva 14406, publicada el 19 de mayo de 2026.
¿Cuál es el objetivo de la disposición?
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración de Donald Trump “no permitirá que los inmigrantes indocumentados abusen de las instituciones financieras”, justificando la acción como parte de la política para restaurar la integridad del sistema financiero estadounidense.
¿Qué prácticas fraudulentas se señalan?
El aviso indica que empleadores en sectores como agricultura, construcción, servicio doméstico y hostelería recurren a esquemas de nómina fraudulentos que incluyen:
- Robo de identidad.
- Uso indebido de números de Seguro Social y ITIN.
- Creación de empresas fantasma.
- Utilización de intermediarios laborales para dispersar pagos sin retener impuestos.
¿Qué casos se han detectado?
FinCEN citó un caso en el que una red de estafadores extranjeros pagó ilegalmente a migrantes sin papeles, generando pérdidas superiores a 38 millones de dólares. En 2025, las instituciones financieras reportaron más de 2,500 millones de dólares en operaciones sospechosas relacionadas con fraudes en nómina.
¿Qué deben hacer las instituciones financieras?
El documento ofrece 18 indicadores de alerta para detectar patrones sospechosos, como:
- Uso intensivo de ITIN sin documentación laboral válida.
- Transferencias mediante empresas no registradas.
- Pagos en efectivo o vía aplicaciones entre particulares.
FinCEN pidió incluir la clave “FINANCIALINTEGRITY-2026-A002” en los Reportes de Actividad Sospechosa (SAR) y reforzar la debida diligencia con clientes que presenten un ITIN.
¿Qué críticas ha generado la medida?
Analistas y organizaciones advierten que esta política amplía la criminalización de la migración y delega en instituciones privadas funciones de control que afectan a comunidades vulnerables, mientras se protege el interés fiscal y económico del gobierno estadounidense.
