El gobierno de Estados Unidos anunció este martes 18 de agosto de 2026 sanciones contra Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), y contra el magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien actualmente sustituye al fiscal de la corte. La medida forma parte de la campaña del presidente Donald Trump para debilitar y desmantelar al tribunal con sede en La Haya.
¿Qué dijo Washington sobre las sanciones?
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que ambos funcionarios “se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción” del tribunal. Añadió que la CPI es un “tribunal supranacional corrupto y politizado” y que Estados Unidos “no tolerará este asalto a la soberanía”.
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¿Qué implican las sanciones?
Las medidas incluyen la prohibición de viaje a Estados Unidos y la congelación de activos en territorio estadounidense, lo que en la práctica excluye a los sancionados del sistema financiero internacional vinculado a bancos norteamericanos.
Washington ya había sancionado a jueces y fiscales de la CPI por investigaciones relacionadas con Israel, uno de sus principales aliados, y por indagatorias sobre soldados estadounidenses en Afganistán.
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¿Cómo reaccionó la CPI?
En un comunicado, la corte rechazó las presiones y aseguró que las sanciones “socavan el Estado de derecho”. Subrayó que continuará desempeñando sus funciones “con independencia e imparcialidad” conforme al Estatuto de Roma, tratado fundacional del tribunal.
La decisión de Washington intensifica la confrontación con la CPI y refleja la estrategia del gobierno de Trump de proteger a sus aliados y funcionarios de posibles procesos internacionales, mientras el tribunal insiste en mantener su independencia frente a las presiones políticas.
