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Ciudad de México.- Una nueva revisión de las comunicaciones registradas en Iguala, Guerrero, durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 abrió una línea de investigación que llevó a las autoridades hasta la funeraria ‘El Ángel’.
Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, en la ‘mañanera’ de este martes, explicó que el análisis de esas llamadas permitió identificar a los propietarios del establecimiento dentro de las indagatorias por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La atención sobre la funeraria deriva de las funciones que sus propietarios desempeñaban en Iguala. Según lo expuesto por el funcionario, además de ser dueños del negocio, eran concesionarios del Servicio Médico Forense (Semefo), encargado de certificar las causas de muerte y mantenían influencia en el panteón municipal.
Estos elementos llevaron a las autoridades a investigar la posible operación de una red dedicada al manejo irregular de cuerpos y a la modificación de registros. Los indicios recabados hasta ahora apuntan a que las mismas personas que intervenían en la certificación de los fallecimientos podían posteriormente disponer de los restos.
“Las personas que recibían un cuerpo para certificar sus causas de muerte eran las mismas que después tenían las facultades para incinerarlas, sepultarlas o trasladarlas a otro lugar”, señaló en Palacio Nacional.
Dentro de esta línea destaca la captura de Rodolfo Rueda, propietario de la funeraria ‘El Ángel’, junto con tres integrantes de su familia.
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¿Qué nuevas detenciones registra la investigación del caso?
El nuevo informe presentado por las autoridades federales contabiliza 31 detenciones realizadas durante el actual sexenio por distintos perfiles presuntamente vinculados con la desaparición de los normalistas ocurrida en Iguala, Guerrero.
Entre los detenidos figura un militar, con lo que suman 17 elementos del Ejército arrestados y vinculados a proceso entre la administración anterior y la actual. A esta lista se agregan nueve expolicías municipales y siete exservidores públicos, entre ellos el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
También fueron detenidas Lambertina Galeana Marín, quien encabezó el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y Blanca Estrada, exvisitadora de ese organismo.
Galeana Marín fue capturada el 14 de mayo de 2025 en Chilpancingo. Ambas enfrentan procesos judiciales y colaboran actualmente con la Fiscalía General de la República (FGR).
El recuento de las autoridades incluye además a ocho personas señaladas como presuntos integrantes o colaboradores de grupos delictivos, dos empresarios y cuatro civiles. Estas capturas corresponden al periodo comprendido entre octubre de 2024 y septiembre de 2026.
Al mismo tiempo, la Fiscalía mantiene abierta la revisión de personas que no habían aparecido previamente dentro de las investigaciones del caso.
“Lo que está haciendo por parte de la Fiscalía es seguir revisando a cada una de las 17 personas que no habían sido detectadas ni habían declarado, ni habían sido testigos y no se tenía ninguna información al respecto (de ellos dentro del caso)”, indicó Medina Padilla.
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¿Cuántos procesos siguen abiertos y qué ocurre con las extradiciones?
La investigación del caso Ayotzinapa mantiene 162 expedientes activos en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca) de la FGR, encabezada actualmente por el fiscal Mauricio Pazarán. El universo está compuesto por 60 averiguaciones previas, 42 carpetas de investigación y 60 causas penales.
En materia judicial, las autoridades reportaron que 168 personas están sujetas a proceso por su presunta responsabilidad en los hechos. De ellas, 130 se encuentran privadas de la libertad y 38 enfrentan sus procesos con medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva.
Otro de los puntos abordados en el informe fue la situación de dos personas buscadas fuera del país, Tomás Zerón de Lucio y José Ulises Bernabé.
Zerón de Lucio, quien fue director de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR y permanece prófugo en Israel, es objeto de gestiones para lograr su extradición.
Medina Padilla detalló que en mayo de 2025 la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo envió una carta al presidente de Israel, Isaac Herzog, quien respondió que “al igual que en México, su país cuenta con un sistema judicial independiente que atiende los casos con base en el debido proceso y la transparencia”.
La respuesta del mandatario israelí también apuntó que “su gobierno no tiene injerencia en la resolución de los tribunales” y señaló que existen procedimientos legales en curso que “toman tiempo por circunstancias de seguridad”.
En el caso de José Ulises Bernabé, ex juez de barandilla de Iguala y actualmente asilado en Estados Unidos, las autoridades mexicanas mantienen su extradición como una de las líneas que consideran prioritarias.
“Por lo que su seguimiento se mantiene al más alto nivel”, dijo.
El subsecretario recordó que el gobierno mexicano planteó este asunto directamente durante la visita a México del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, en septiembre de 2025.
En ese encuentro, la presidenta solicitó su intervención para encontrar una vía que permita que el exfuncionario municipal comparezca ante las autoridades mexicanas.
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