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Mañanera.- La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que las empresas contratadas por el Gobierno de Estados Unidos para localizar en México a migrantes deportados y entregarles notificaciones por multas pendientes necesitarían autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para poder operar en territorio mexicano.
El tema fue abordado este jueves 24 de septiembre durante la mañanera, luego de que se diera a conocer que autoridades estadounidenses contrataron a empresas privadas para buscar a personas que fueron deportadas y que tienen adeudos relacionados con su proceso migratorio.
¿Qué dijo Sheinbaum sobre las empresas de Estados Unidos?
Al ser cuestionada sobre si estas compañías pueden realizar sus actividades en México, Sheinbaum señaló que deberían contar con un permiso de la SRE.
“No podrían. Tendrían que tener, obviamente, el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, afirmó la presidenta.
Sin embargo, la mandataria también aclaró que hasta este jueves la Embajada de Estados Unidos no había confirmado al Gobierno de México que estas empresas ya estuvieran realizando dichas labores dentro del país.
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¿Por qué Estados Unidos busca a migrantes deportados?
De acuerdo con la información difundida por Project Salt Box y retomada por El Diario, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) otorgó contratos por hasta 36 millones de dólares a cuatro empresas.
Los contratos tienen como objetivo localizar en México, Guatemala y Honduras a personas que fueron deportadas de Estados Unidos y entregarles notificaciones relacionadas con multas y cargos migratorios pendientes.
Las cuatro empresas son Global Recovery Group, Caduceus, Response AI Solutions y The Baptiste Group, cada una con un contrato de hasta 9 millones de dólares y una vigencia de dos años.
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¿Cuánto dinero busca recuperar Estados Unidos?
Según la información citada por El Diario, la CBP busca recuperar alrededor de 423 millones de dólares en multas y cargos que atribuye a más de 66 mil 300 personas que ya fueron expulsadas de Estados Unidos.
Las empresas contratadas tendrían entre sus tareas localizar a los deportados, confirmar sus domicilios y entregarles las notificaciones de cobro. Para ubicarlos podrían recurrir a distintos registros y documentos, como fotografías de viviendas, recibos de servicios, registros laborales y documentos judiciales.
Por ahora, el Gobierno mexicano señaló que espera recibir información oficial de la Embajada estadounidense para conocer si estas compañías realmente están realizando operaciones en territorio nacional.
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