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Tabasco.- El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, fue destituido luego de que se detectaran posibles anomalías relacionadas con el operativo en el que fueron asegurados 59 millones de litros de combustible, reveló este viernes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
El funcionario federal explicó que el aseguramiento se realizó aproximadamente dos semanas antes de que fuera informado públicamente y señaló que el entonces delegado habría actuado sin contar con información debidamente sustentada.
Durante la ‘mañanera’ de este viernes, García Harfuch detalló que la propia titular de la FGR, Ernestina Godoy, al conocer los hechos ordenó revisar el procedimiento y la documentación relacionada con el decomiso.
“(El decomiso) se dio dos semanas antes, me parece que fueron dos o tres acciones; (Juan Francisco Vera) fue destituido porque el equipo de la fiscal general de la república encontró ciertas anomalías en este operativo, que fue dos semanas antes, y que se informa dos semanas después sin haber verificado todo absolutamente, entonces ahorita lo que está haciendo la fiscalía general de la república es verificar desde el primer aseguramiento toda la documentación que ya entregaron las empresas, para verificar si hay alguna anomalía o no”, explicó.
La revisión busca establecer si el aseguramiento se realizó conforme a los procedimientos correspondientes y determinar si existen irregularidades en la documentación entregada por las empresas involucradas.
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¿Qué investiga la Fiscalía sobre el decomiso de combustible?
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la FGR mantiene abierta una investigación sobre el operativo, luego de que los propietarios del sitio donde se realizó el aseguramiento manifestaran que sus actividades se encontraban en regla.
La mandataria federal explicó que la Fiscalía analiza si las operaciones de la empresa se ajustaban a los permisos con los que contaba o si existía alguna actividad que estuviera fuera de ese marco.
“La fiscal general, ante el comunicado de los dueños de este lugar, que dice que tienen toda regla, atrae la investigación (sic) todavía no termina, están en ese procedimiento, están viendo si todo está en el marco de la ley o hay alguna actividad que no contempla los permisos que tiene esta empresa”, detalló.
Sheinbaum destacó que el operativo no fue realizado por las áreas centrales de la FGR, sino que fue planeado por la delegación de la Fiscalía en Guanajuato con participación de la policía estatal.
De acuerdo con la presidenta mexicana, las indagatorias de la delegación se relacionaron con el seguimiento de pipas que ingresaban al sitio y cuyos documentos, presuntamente no estaban completos.
“La investigación, de acuerdo con este delegado, tuvo que ver con entradas y salidas y seguimientos de algunas pipas que entraban a este lugar que no necesariamente tenían toda la documentación, ahí intervino también la policía estatal del Estado de Guanajuato, incluso, quien da el primer comunicado del secretario de seguridad del Estado de Guanajuato”, indicó.
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¿Qué facultades tienen las delegaciones de la FGR?
La jefa del Ejecutivo también explicó que las delegaciones estatales de la Fiscalía cuentan con autonomía para desarrollar investigaciones y solicitar ante jueces federales órdenes de cateo o de aprehensión, sin que cada actuación tenga que pasar necesariamente por las áreas centrales de la institución.
Como ejemplo, señaló que los delegados pueden iniciar carpetas de investigación y gestionar órdenes judiciales dentro del ámbito de sus atribuciones.
“El delegado en Tabasco tiene autonomía para poder sacar una orden de aprehensión con un juez federal, es decir, ellos realizan sus investigaciones, abren carpetas de investigación y pueden solicitar una orden de cateo o una orden de aprehensión, no necesariamente pasa por las instituciones centrales o las fiscalías centrales de la fiscalía general de la república”, señaló.
Mientras continúa la investigación, la FGR revisa la documentación correspondiente desde el primer aseguramiento para determinar si el decomiso de los 59 millones de litros de combustible se ajustó a la legalidad o si existieron anomalías en el procedimiento.
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