La SCJN suspendió el ‘Plan B’ electoral. Foto: Cortesía

Ciudad de México.- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, frenó la aplicación del ‘Plan B’ electoral por tiempo indefinido, al admitir a trámite la impugnación del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del segundo paquete de esta reforma.

La suspensión se aplica a todos los artículos modificados de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

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Tras este fallo, la Consejería Jurídica del Gobierno Federal puede interponer un recurso de reclamación en contra de esta determinación del ministro Laynez Potisek, la cual paraliza la segunda parte del llamado ‘Plan B’ electoral, hasta que se resuelva de fondo el asunto.

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Por tanto, a partir de este viernes regirán las disposiciones vigentes antes de la publicación del decreto del 2 de marzo de este año en el Diario Oficial de la Federación, donde también se expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

“Dicha suspensión fue otorgada debido a que el decreto no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”.

Añadió que la SCJN ha resulto en ocasiones anteriores que en controversias constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aún tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos y subraya que en este caso, se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía.

El ministro también solicitó al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo federal que en su carácter de autoridades demandadas presenten su contestación dentro del plazo legal.

El INE presentó esta controversia el 9 de marzo, acusando que la segunda parte del ‘Plan B’ electoral era un cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en alrededor de 200 artículos de la reforma, las cuales vulneran 25 disposiciones constitucionales.

Entre los que detallan está la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, la vulneración a la autonomía e independencia del Instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales y añade la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma.

Con información de Milenio

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