Manos sobresaliendo de barrotes de una prisión

Ciudad de México.- Benjamín Saúl Huerta Corona, exdiputado de Morena, fue sentenciado a 22 años de prisión por el delito de violación en contra de un menor de edad, el cual radica actualmente en Estados Unidos debido a que recibió amenazas en su contra y de su familia.

El Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla encontró culpable del ilícito al exlegislador, teniendo aún en su contra dos procesos por agresión sexual.

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Según la autoridad, el político tiene un perfil considerado por familiares de las víctimas como de un pedófilo y violador serial, ya que se tiene el registro que atacó a cuatro jóvenes de entre 13 y 16 años.

Teófilo Benítez Granados, asesor jurídico de la víctima que lo denunció en Puebla, consideró la sentencia como un acto de justicia, aunque afirmó que es insuficiente para reparar el daño ocasionado, por lo que adelantó que presentará una apelación ante el Tribunal de Segunda Instancia, para que se le duplique la sentencia.

Se informó que al igual que la primera víctima, las otras tres también eran de escasos recursos, situación que Huerta Corona aprovechaba para cometer actos de violencia sexual.

Los hechos

Según las pruebas que presentó la defensa del adolescente agraviado, que en ese entonces tenía 15 años, la agresión sexual se presentó en unos baños de Temazcal, en Puebla, en el 2021.

Además, también se demostró que el exlegislador usaba sustancias tóxicas y bebidas embriagantes para facilitar su objetivo.

Huerta Corona fue detenido el 19 de agosto de 2021 por elementos de la Policía de Investigación, acusado de delitos de abuso sexual agravado y violación en agravio de menores de edad. El 21 de abril de ese mismo año también fue arrestado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México por presunto abuso sexual, tras la denuncia de un menor.

De momento cumplirá su condena en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, hasta que concluyan los procesos que están abiertos en su contra. Además, se le impuso una cantidad económica para reparar el daño y otra para cubrir los gastos de las terapias psicológicas de la víctima para superar el trauma ocasionado por la violación.

Con información de Milenio

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