Ciudad de México.- En la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se aprobó una reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero.
Esta reforma amplía el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, incluyendo delitos de extorsión, narcomenudeo y otros relacionados con drogas sintéticas. La modificación al artículo 19 de la Carta Magna fue respaldada por 26 votos a favor y 14 en contra, a pesar del rechazo de la oposición.
Oposición en desacuerdo con la Reforma
Durante el debate, la oposición expresó su preocupación sobre la posible violación de los derechos humanos con esta reforma. Se argumentó que esto podría resultar en un aumento de personas inocentes en prisión, especialmente aquellas de escasos recursos.
El diputado priista Rubén Moreira mencionó: “La discusión está en el modelo de protección de derechos Humanos…”. Por otro lado, el legislador panista Santiago Torreblanca señaló que la mayoría de las personas en prisión preventiva son pobres, indígenas y con bajo nivel de estudios.
Argumentos a favor y en contra
Desde el PAN, Paulina Rubio también expresó su desacuerdo, afirmando que la reforma atenta contra los más pobres. En contraposición, el diputado Caro Cabrera de Morena destacó la importancia de castigar a los delincuentes de delitos como extorsión y narcomenudeo. Ismael Brito, también de Morena, resaltó la necesidad de combatir la defraudación fiscal, mencionando cifras concernientes a impuestos no pagados.
Reflexiones sobre la Reforma
El diputado Caro Cabrera, de Morena, destacó la importancia de eliminar la prisión preventiva oficiosa en México, argumentando que es necesario castigar a los delincuentes responsables de delitos graves como la extorsión, narcomenudeo y defraudación fiscal.
En tanto que el morenista Ismael Brito, agregó que solo en materia de defraudación fiscal, en 2017 se detectaron 22 millones que ascendieron a 93 mil millones y no pagaron impuestos, por los que se pudieron recuperar 55 mil 125 millones de pesos.
Esta postura se alinea con la urgencia expresada por la ONU, el Comité de Derechos Humanos, el Comité Contra la Tortura y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de abolir la prisión preventiva oficiosa para garantizar los derechos humanos en México. Es fundamental considerar estas perspectivas internacionales en el debate sobre este proyecto de ley.
Tras ser aprobada en lo general, la discusión y votación en lo particular continuará en esta importante reforma constitucional.
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