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México.- Expertos de la ONU expresaron su preocupación ante la reforma que está por aprobar el Senado de la República de México, la cual pretende trasladar el control de la Guardia Nacional al Ejército. Esta iniciativa, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado gran inquietud en la comunidad internacional.

Amplio rechazo a la reforma

El pronunciamiento de la ONU califica la reforma como “extremadamente preocupante” y señala que esta podría aumentar el riesgo de violaciones a los derechos humanos, incluyendo casos de tortura, detención arbitraria, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Alarmantes implicaciones

La propuesta de reforma, ya aprobada por la Cámara de Diputados, busca que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asuma el control de la Guardia Nacional, una corporación de seguridad que cuenta con más de 130 mil elementos.

Esta modificación constitucional también afectaría el artículo 129 de la Constitución, que actualmente limita las funciones militares en tiempos de paz.

En este sentido, los expertos de la ONU han advertido que la reforma ampliaría las funciones de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país, más allá de lo estrictamente relacionado con la disciplina militar, contraviniendo recomendaciones internacionales que abogan por que las labores de seguridad pública sean realizadas por elementos civiles.

https://twitter.com/ONUDHmexico/status/1838616088587743414

Postura del presidente

A pesar de las críticas, el presidente López Obrador ha negado que la reforma implique un enfoque hacia el “militarismo” o la “represión”. Sin embargo, el pronunciamiento de la ONU recuerda antecedentes en los que funcionarios de las Fuerzas Armadas han sido señalados por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Advertencias previas

Desde hace varios años, los expertos de la ONU han advertido sobre el incremento del papel de las Fuerzas Armadas en el modelo de seguridad interior de México.

La asignación de tareas de seguridad pública, construcción de infraestructura, administración de aduanas y puertos, así como la dirección de empresas estatales como el Tren Maya, ha sido motivo de preocupación y críticas por parte de la comunidad internacional.

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