Ciudad de México.- La Cámara de Diputados ha dado su aprobación en lo general a la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual confiere al Ejército el control de la Guardia Nacional y reajusta las responsabilidades de los militares en tiempos de paz.

Esta reforma implica que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administrará la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad compuesto por más de 120 mil elementos, originalmente concebido por López Obrador en 2019 bajo la premisa de mantenerlo civil.

De acuerdo con la votación, el dictamen obtuvo 362 votos a favor, 133 en contra y ninguna abstención. La modificación del artículo 129 de la Constitución, que restringe las funciones de los militares en tiempos de paz y que no había sido alterado desde 1857, así como la eliminación de la “garantía orgánica” del artículo 21, que exigía que las instituciones de Seguridad Pública fueran de carácter civil, son algunos de los cambios destacados.

Es importante resaltar que la militarización de diversos ámbitos del país ha generado críticas y preocupación por parte de la oposición y algunos organismos.

La diputada del Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, expresó que si bien México busca paz y justicia, no desea el militarismo.

Por otro lado, María del Rosario, diputada del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseguró que la formación de los elementos de la Guardia Nacional será de índole militar, pero su actuación se desarrollará en un ámbito policial.

La aprobación de esta reforma otorga a las Fuerzas Armadas un papel más relevante, ya que se les encomendarán tareas de seguridad pública, construcción de infraestructuras, administración de aduanas y puertos, así como la dirección de empresas estatales como el Tren Maya y la aerolínea Mexicana de Aviación.

Cabe mencionar que en el pasado, la Suprema Corte declaró como inconstitucional una iniciativa del presidente para militarizar la Guardia Nacional, argumentando que la seguridad pública es competencia exclusiva de las autoridades civiles.

Con esta decisión, se evidencia un cambio significativo en la configuración y responsabilidades de las fuerzas de seguridad en México, lo cual continuará siendo motivo de debate y análisis en los próximos días.

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