En Chiapas, alrededor de 7,000 indígenas se reunieron en San Cristóbal de Las Casas para llevar a cabo una marcha en la que exigieron justicia y seguridad ante la crisis de inseguridad que afecta al estado y al país.
La manifestación, convocada por la organización católica Pueblo Creyente y la Diócesis de San Cristóbal, contó con la participación de organizaciones civiles y religiosas.
Los manifestantes rechazaron la versión oficial de que los problemas en Chiapas sean exclusivamente “de carácter social”.
Petra López, vocera de Pueblo Creyente, expresó: “Que el derecho a una vida digna se cumpla con justicia y libertad, ante tanta marginación, injusticia e impunidad que acontece en nuestro estado de Chiapas, dar una verdadera atención al pueblo que sufre y no se haga una simulación de estar resolviendo los problemas”.
Durante la marcha, se enviaron exigencias de justicia, desarme y desarticulación del crimen organizado, así como verdad y castigo a los responsables de los asesinatos. Se cuestionó al gobierno de México, liderado por Claudia Sheinbaum, para que defina su postura y se esclarezcan los hechos violentos.
El contingente lo conformaron indígenas de la etnia, tojolabal, tsotsil, tseltal, zoque, mam, chuc, chol, cachique, quienes al llamado de los tambores y caracoles avanzaron de forma pacífica por las calles de la ciudad.
El obispo auxiliar, Luis Manuel López Alfaro, destacó la necesidad de acciones que vayan a la raíz de los problemas en Chiapas, apelando a una reconstrucción de la paz con la participación de todos los sectores de la sociedad.
La marcha finalizó con la lectura de un comunicado en el que se demandó el reconocimiento de las víctimas de desplazamiento forzado y la impunidad en casos como el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez.
En un contexto de violencia persistente, con asesinatos y desplazamientos en el estado, la marcha representa un llamado a la atención sobre la situación de violencia por grupos armados en Chiapas.
La presencia de grupos del crimen organizado y cárteles en la región ha desencadenado homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, especialmente en comunidades indígenas y afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Organizaciones afirman que cerca de 20,000 personas han sido desplazadas de unos 30 municipios indígenas de Chiapas debido a la violencia.
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