
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó que el gobierno mexicano aplicó las facultades de la Ley de Seguridad Nacional para llevar a cabo el traslado a Estados Unidos de 29 capos del narcotráfico que representaban un riesgo para México.
Este traslado se realizó en colaboración con el gobierno estadounidense, quien solicitó la entrega de estos narcotraficantes por motivos de seguridad nacional.
De acuerdo con Gertz Manero, el traslado no generará complicaciones legales para México, a pesar de que se omitieron las suspensiones que algunos de los capos tenían, ya que la operación se fundamentó en la solicitud de seguridad nacional de Estados Unidos.
Rechazó que la entrega de los 29 delincuentes se realizara como negociación para que no se apliquen aranceles a México, y añadió que el traslado se realizó sustentado en el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución mexicana.
Entre los capos trasladados se encuentran figuras prominentes como Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, ex líderes del Cártel de Los Zetas; José El Chango Méndez, fundador de Los Caballeros Templarios; y Rafael Caro Quintero, importante en los cárteles de Guadalajara y Caborca.
Así como líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación e importantes miembros y operadores del Cártel de Sinaloa y del Cártel del Golfo.
El operativo, llevado a cabo con la participación de diversas entidades de seguridad, se realizó bajo la premisa de coordinación, cooperación y respeto mutuo entre México y Estados Unidos.
Según García Harfuch, los capos trasladados enfrentaban acusaciones por delitos graves como delincuencia organizada, lavado de dinero, homicidio y tráfico de armas, entre otros.
La aplicación de la pena de muerte a los capos trasladados dependerá de los tribunales estadounidenses, ya que según Gertz Manero, México no puede aplicar dicha pena por motivos legales.
Esta decisión, históricamente sin precedentes, se enmarca en la estrategia de cero impunidad y coordinación del Gabinete de Seguridad.
En resumen, el traslado de los 29 capos a Estados Unidos, bajo la Ley de Seguridad Nacional, representa un hito para la justicia y la seguridad en México, evidenciando una postura firme contra la impunidad y una cooperación internacional efectiva en la lucha contra el narcotráfico.
