Ciudad de México.- En conferencia ‘mañanera’ de este martes, se dio a conocer que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, alista una serie de reformas para evitar la liberación sin juicio, de cuentas financieras investigadas por presunta actividad delictiva, como lo es el lavado de dinero.
Esto a raíz de que jueces favorecen a supuestos delincuentes con la liberación de cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como fue el caso de Inés Gómez Mont y su pareja sentimental Víctor Manuel Álvarez Puga.
“Cuando hay evidencia en la Unidad de Inteligencia Financiera de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta, ¿qué es lo que ha pasado? que estas personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en el juicio de fondo, les liberan las cuentas los jueces”, expuso Sheinbaum en Palacio Nacional.
“Una razón más para lo que va a ocurrir el 1 de junio. No puede ser está colusión y esta corrupción porque no tienen otro nombre de los jueces y de muchos ministros de la Corte”, expresó.
“Cuando se demuestra que hay lavado de dinero sea por corrupción o sea delito de cuello blanco de algún tipo, o por delincuencia organizada y resulta que se liberan las cuentas para que se siga utilizando el recurso, no tiene otro nombre, se llama corrupción”, afirmó.
Ante estos actos de corrupción, se requiere que se reformen algunas leyes.
“Estamos preparando además de lo que va a ocurrir en 1 de junio, modificaciones legales para que esto no pueda ocurrir, porque en todo caso debe de haber un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos por una mala interpretación de la Unidad de Inteligencia Financiera no una primera suspensión para liberar los recursos”, adelantó.
Por su parte, Pablo Gómez, titular de la UIF, reveló que del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2025, se han incorporado a la LPB (Lista de Personas Bloqueadas) 5,904 personas físicas y 1,911 morales (empresas), dando un total de 7,815.
Mientras que se en el mismo periodo se han desincorporado a esta lista un total de 910 personas físicas y a 360 morales.
Además, la UIF ha bloqueado con esta LPB:
- 32 mil 500 millones de pesos (mdp)
- 568.3 millones de dólares (mdd)
- 2 millones de euros
En cuanto al caso de la conductora de televisión Inés Gómez Mont y el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes estaban dentro de esta LPB, por orden del Poder Judicial se les desbloquearon sus cuentas, pese a que cuentan con una orden de aprehensión en su contra.
“Gómez Mont fue acusada de una serie de fraudes, bueno y su compañero Álvarez Puga, en el sistema de prisiones se cometieron una serie de falsas obras, ganaron mucho dinero ahí, en ese lugar, de tal manera que la justicia los empezó a perseguir… cuando las cosas cambiaron (a la llegada de Andrés Manuel López Obrador)”, explicó.
“Entonces se fueron a vivir a Estados Unidos, han podido eludir la extradición de Estados Unidos a México, hasta este momento”, aseveró.
El funcionario espera que los implicados enfrenten “su responsabilidad ante los tribunales mexicanos”.
“Por lo pronto como medida preventiva, originalmente la Unidad de Inteligencia Financiera procedió a incorporarlos a la lista de personas bloqueadas”, comentó.
“En este momento, sin juicio en realidad de fondo, no se da eso, han sido incorporados (por jueces) pueden hacer operaciones libremente en el sistema financiero”, acusó.
“Así como ellos, hay centenares de personas que han hecho cosas parecidas y que son liberados por los jueces para que puedan usar de nuevo el sistema financiero”, añadió.
Por otro lado, también señaló que existe en el Senado un proyecto que se espera se discuta en este periodo de sesiones sobre leyes relacionadas para la prevención del lavado de dinero, informó el titular de UIF.
“Es básicamente la Ley la que se está discutiendo y una parte del código penal, un aspecto para darle al gobierno la capacidad de representar al sistema financiero como ofendido en los juicios de lavado de dinero justamente, porque eso no está con claridad establecido y los jueces se niegan a esto”, afirmó Gómez.
“El gobierno internamente, la presidenta, ha comentado, ha discutido, y está analizando la posibilidad de presentar alguna iniciativa para detener las suspensiones, porque ya se convirtieron en el instrumento para acabar con la lista de personas bloqueadas y por lo tanto la prevención que ese es el instrumento básico del lavado de dinero”, detalló.
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