Ciudad de México.- La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, fue aprobada en lo general y en lo particular, en la Cámara de Diputados, con algunas modificaciones.
La mañana de este 26 de junio fueron avalados los artículos reservados del dictamen, así como las propuestas de modificación, con 324 votos a favor por parte de Morena y los partidos aliados; y 117 votos en contra de los partidos de oposición (PRI, PAN, Movimiento Ciudadano). Hubo cero abstenciones en esta votación.
El debate se extendió por alrededor de 10 horas, culminando con dar acceso a las instituciones de Seguridad Pública federales, tal como la SSPC (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana) a que tengan acceso a bases de datos personales de nivel público y privado, incluso aquellas que contienen datos biométricos.
El dictamen ahora fue enviado al Senado de la República, para efectos constitucionales.
¿Qué establece la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia?
Cabe destacar que esta Ley, que fue impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, establece las reglas para el funcionamiento del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
También determina los mecanismos de coordinación y colaboración entre instituciones y autoridades, para la investigación y persecución de delitos.
Con esta ley se prevé una interconexión, acceso y consulta, entre las diversas instituciones de seguridad, así como la integración de la información recopilada de bases de datos, registros particulares y públicos, para la conformación de una Plataforma Central de Inteligencia.
Dicha plataforma estará a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), misma que estará coordinada con los sistemas de inteligencia de las corporaciones de seguridad, que posean datos de particulares, tales como registros vehiculares y telefónicos.
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Gobierno asegura que no se invadirá la privacidad de los datos personales
En conferencia ‘mañanera’ del pasado 24 de junio, Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo federal, dio a conocer los objetivos de este sistema hoy avalado por los diputados.
“Este sistema otorgará al Estado con apego a la legalidad herramientas que le permitan anticiparse a los riesgos y actuar de manera preventiva, antes de que los generadores de violencia materialicen sus actos delictivos”, explicó.
“La relevancia de esta ley radica en que responde a una demanda social imperante de contar con una mayor eficiencia y eficacia institucional para enfrentar los delitos sobre todo de alto impacto, mediante la generación de productos de inteligencia útiles para la toma de decisiones, para el diseño y ejecución de operativos en su caso, la definición de estrategias de investigación que permitan la judicialización de las personas generadoras de violencia, siempre en coadyuvancia con el Ministerio Público”, comentó.
La funcionaria detalló que además, se busca aprovechar la tecnología por medio de la plataforma que permita la conexión de registros y bases de datos, de manera que se recabe toda la información para las investigaciones coordinando a los entes públicos y privados “siempre garantizando los derechos de las personas a sus datos personales y sus derechos humanos”.
La plataforma será operada por personal certificado con una visión humanista y de valores.
“Esta ley es un instrumento para mejorar la investigación con el fin, de aportar elementos a la autoridad Ministerial para la judicialización de perpetradores de violencia”, afirmó.
“En ningún momento se invade la privacidad, en ningún momento se invaden datos personales, ni entraremos en conversaciones de particulares”, aclaró.
“Todo se hará como está previsto en Código Nacional de Procedimientos Penales, con la autorización previa del juez en su caso; cualquier intervención de este tipo siempre estará sujeta a la autorización judicial, por lo tanto podemos asegurar que no se le podrá dar ningún uso político por los candados con los que cuentan las medidas de seguridad”, añadió.
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