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Ciudad de México.- La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, detalló este viernes los alcances de la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, enviada el pasado 15 de septiembre al Senado de la República, y aseguró que lejos de debilitar este instrumento jurídico, la propuesta busca fortalecerlo y evitar su uso indebido.
Durante su explicación en conferencia ‘mañanera’, Godoy Ramos fue enfática en subrayar que el amparo debe mantenerse como una herramienta de protección para los derechos ciudadanos, y no como una vía para eludir la rendición de cuentas o frenar la justicia penal.
“Esta reforma no debilita la Ley de Amparo, lo fortalece, lo mantiene como un escudo de la ciudadanía, pero ya no como un refugio para quienes buscan evitar la justicia. Al ampararse para defender derechos es justicia; ampararse para ocultar delitos es impunidad”, afirmó la consejera jurídica.
En ese sentido, señaló que la iniciativa contempla modificaciones a diversas leyes secundarias, necesarias para adecuar el marco legal a una nueva visión de justicia más ágil y equitativa. Entre las normas que serían ajustadas se encuentran:
- Código Nacional de Procedimientos Penales
- Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
- Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
- Ley de Amparo
- Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
- Código Fiscal de la Federación
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Además, la funcionara explicó que estas reformas permitirán impedir que ciertas figuras procesales se utilicen para frenar procesos judiciales legítimos, especialmente en temas de delincuencia organizada, corrupción y desvío de recursos públicos.
Por su parte, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, respaldó la propuesta al afirmar que la iniciativa no limita al amparo, sino que busca modernizarlo.
“Se ha divulgado información falsa; la propuesta aclara la figura jurídica para que sea más fácil su aplicación”, expresó Zaldívar, quien ha sido uno de los principales impulsores de una reforma judicial con enfoque social y de derechos humanos.
Con esta iniciativa, el Gobierno de México busca cerrar los resquicios legales que permiten a algunos actores, particularmente del ámbito político y económico, utilizar el juicio de amparo como escudo para la impunidad, sin afectar su función esencial como garantía constitucional de protección a los derechos fundamentales.
Cabe recordar que la propuesta ahora deberá ser analizada y discutida en el Senado de la República.
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