La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, instruyó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a dar con el autor intelectual del atentado contra el periodista Jorge Heras, ocurrido el pasado fin de semana en Mexicali. La mandataria subrayó que no habrá tolerancia ante agresiones contra la prensa y que se llegará “hasta las últimas consecuencias”, sin importar quién esté detrás del ataque.
“Se trate de quien se trate, vamos a dar con el responsable intelectual. No vamos a permitir que se violente a quienes ejercen el periodismo con valentía y compromiso social”, declaró Marina del Pilar durante una conferencia de prensa, en la que reiteró su respaldo a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico en la entidad.
Jorge Heras, periodista con trayectoria en temas de justicia y seguridad, fue víctima de un ataque armado que lo dejó con lesiones graves. Actualmente se encuentra en recuperación, mientras organizaciones civiles y gremios periodísticos han exigido justicia y garantías para el ejercicio libre de la profesión.
La FGE informó que ya se abrió una carpeta de investigación y que se trabaja en varias líneas, incluyendo la identificación de los autores materiales y posibles vínculos con grupos delictivos. También se analiza el contexto de las coberturas recientes del periodista, en busca de posibles motivaciones.
Diversas voces del ámbito nacional han condenado el atentado, señalando que Baja California enfrenta una creciente preocupación por la seguridad de comunicadores. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Artículo 19 han solicitado medidas cautelares y protección para Heras y su familia.
La gobernadora aseguró que se reforzarán los mecanismos de protección para periodistas en el estado, y que se revisarán protocolos de reacción ante amenazas. “No vamos a permitir que el miedo silencie a quienes informan con responsabilidad”, concluyó.
Este caso se suma a una serie de agresiones contra periodistas en México, donde organismos internacionales han alertado sobre los riesgos que enfrenta el gremio. La exigencia de justicia y garantías institucionales se vuelve urgente para preservar el derecho a informar y ser informado.
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