Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el gobierno federal implementará un refuerzo en el control de la venta de chips para celulares, como parte de la estrategia nacional para combatir delitos como la extorsión telefónica, muchos de ellos operados desde centros penitenciarios.
La mandataria explicó que actualmente es posible adquirir chips de telefonía móvil sin identificación, lo que permite a grupos delictivos comprar múltiples tarjetas SIM y utilizarlas para realizar llamadas anónimas desde cualquier dispositivo.
“Se compran 10, 15 chips, se llevan a un centro de atención y si hay un celular ahí, pueden hacer llamadas de extorsión cambiando los chips”, señaló.
Para frenar esta práctica, se impulsarán dos medidas principales; exigir identificación oficial al momento de comprar un chip, tal como ocurre al contratar un plan telefónico; bloquear de forma controlada la señal de celulares en ciertos centros de detención, en coordinación con las compañías telefónicas.
Sheinbaum subrayó que la obligación de resguardar los datos personales recaerá en las empresas de telefonía, quienes deberán garantizar la protección de la información. En caso de que un chip esté vinculado a un delito, solo mediante una orden judicial se podrá acceder a los datos del comprador.
Estas acciones serán coordinadas por la nueva Comisión de Telecomunicaciones, que entrará en funciones próximamente y tendrá como objetivo cerrar las brechas legales que permiten el uso indiscriminado de chips para fines ilícitos.
La presidenta enfatizó que esta iniciativa no busca vigilar las comunicaciones privadas, sino cerrar las vías que facilitan la extorsión, especialmente aquellas que afectan a familias desde el interior de las cárceles. El proyecto será presentado ante el Congreso en las próximas semanas para su discusión con legisladores y especialistas.
