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Ciudad de México.- Un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, giró órdenes de aprehensión contra ocho personas relacionadas con la empresa Mefra Fletes, incluyendo a sus fundadores Roberto Blanco Cantú, alias ‘El señor de los buques’, y José René Tijerina Mendoza.
Las autoridades los señalan por su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico ilegal de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Mefra Fletes, empresa fundada en 2015 en Guadalajara, Jalisco, opera una red ilícita dedicada al transporte, almacenamiento y comercialización de combustible de procedencia ilegal, tanto de ductos de Pemex como del extranjero.
Además, se les vincula con una estructura criminal más amplia, con presuntos nexos con los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las investigaciones también conectan a Mefra con el grupo delictivo encabezado por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano Fernando Farías Laguna, contralmirante activo en la Secretaría de Marina (Semar).
Esta relación salió a la luz tras el aseguramiento de un buque en el puerto de Tampico, Tamaulipas, operativo que reveló el alcance de la organización delictiva.
Dentro de la causa penal 216/2025, el juez ordenó el arresto de los fundadores de la empresa y de otros seis individuos, entre ellos: Brenda Mariena ‘S’, Anuar ‘G’, José Isabel ‘M’, José ‘R’, Gustavo de Jesús ‘G’ y Héctor Manuel Portales Ávila. Este último fue capturado el pasado 23 de agosto en Tamaulipas, mientras que los demás continúan prófugos.
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Operación a gran escala y con documentación falsificada
Los documentos oficiales del Poder Judicial y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indican que los señalados son investigados por la posesión ilícita de más de 1.8 millones de litros de gasolina y 580 mil litros de diésel, presuntamente obtenidos mediante robo de ductos y contrabando desde Estados Unidos.
Según los informes, Mefra Fletes forma parte de una red criminal con gran capacidad financiera, que habría operado durante años usando empresas fachada y rutas marítimas internacionales, falsificando documentos aduanales para introducir hidrocarburos al país.
En muchos casos, el combustible se etiquetaba falsamente como ‘aditivos para aceites’ o ‘resina de policarbonato’ para evitar la detección por las autoridades.
Además del tráfico de hidrocarburos, la organización estaría involucrada en el ingreso ilegal de armas de fuego de alto poder, incluyendo granadas, lanzagranadas y municiones, destinadas a armar a grupos criminales.
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