Durante la conferencia matutina, la presidenta reafirmó que ni ella, ni el titular de Hacienda, ni el director del SAT tienen facultades para condonar impuestos o otorgar exenciones, ya que está prohibido por la Constitución.
“No podemos sentarnos en una mesa a negociar. No es un asunto político, es un asunto de cumplimiento de la ley”, señaló al referirse a los adeudos fiscales de grandes contribuyentes y la exigencia de que todos paguen conforme a su capacidad económica.
La mandataria subrayó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede cometer errores, como cualquier institución, pero estos pueden corregirse mediante los mecanismos legales establecidos.
“La puerta del SAT está abierta, pero en el marco de la ley”, enfatizó.
Estas declaraciones se dan en el contexto de la presentación de listados de deudores fiscales, como parte de la estrategia para fortalecer la recaudación pública, eliminar privilegios y garantizar la justicia tributaria.
Desde 2018, el Gobierno federal ha impulsado reformas para eliminar condonaciones discrecionales, reforzar la fiscalización y recuperar adeudos históricos que antes quedaban sin sanción.
La Procuraduría Fiscal también ha señalado que se trabaja para evitar simulaciones contables y asegurar que todos los sectores contribuyan de forma equitativa.
Con esta postura, el Gobierno busca consolidar un sistema tributario más transparente, justo y eficiente, donde el cumplimiento de la ley sea la base de cualquier diálogo entre contribuyentes y autoridades.
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