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Este 20 de octubre, autoridades federales detuvieron a Rigoberto López Mendoza, alias “El Pantano”, señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero y presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. El detenido es identificado como jefe operativo del cobro de extorsiones para la célula criminal Los Blancos de Troya, que opera en la región de Tierra Caliente, Michoacán.
¿Quién es “El Pantano”?
Según reportes oficiales, López Mendoza era el encargado de recolectar cuotas de extorsión a productores de limón en Apatzingán y municipios cercanos.
Su rol dentro de Los Blancos de Troya incluía presionar, amenazar y castigar a quienes se negaban a pagar las cuotas impuestas por el grupo criminal.
Los Blancos de Troya, son señalados socios de Los Viagras y del Cártel Jalisco Nueva Generación, que conforman el Cártel Michoacán Nueva Generación.
La detención se realizó tras un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, en seguimiento a la investigación por el homicidio de Bravo.
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El asesinato de Bernardo Bravo
Bravo fue hallado sin vida dentro de su vehículo en la comunidad de Los Tepetates, con impactos de bala y signos de violencia.
Días antes, había encabezado protestas contra las extorsiones y exigido seguridad para el campo michoacano.
Su liderazgo incomodó a grupos criminales que controlan el comercio del llamado “oro verde” en la región.
La detención de “El Pantano” fue celebrada por productores locales, quienes exigían justicia y garantías para seguir trabajando.
Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán
La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que se abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado y delincuencia organizada.
El caso ha reactivado el debate sobre la seguridad en el campo, donde miles de agricultores enfrentan amenazas constantes.
La captura de “El Pantano” representa un avance en la búsqueda de justicia para Bernardo Bravo y los citricultores de Michoacán. Sin embargo, el control territorial de grupos criminales sobre el campo sigue siendo una amenaza latente. El Estado debe garantizar condiciones dignas y seguras para quienes cultivan, exportan y defienden el trabajo agrícola frente a la violencia.
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