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Durango.- El Congreso de Durango aprobó por unanimidad la llamada Ley Nicole, una reforma que prohíbe las cirugías estéticas en personas menores de 18 años, salvo intervenciones reconstructivas con justificación médica, y que fortalece las sanciones contra quienes ejerzan ilegalmente profesiones del área de la salud o realicen procedimientos quirúrgicos sin certificación.
La medida surge tras la muerte de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que perdió la vida luego de someterse a dos procedimientos estéticos en una clínica privada. Su caso generó conmoción pública y reavivó la discusión sobre la falta de regulación en la cirugía estética infantil y sobre el ejercicio irregular de la medicina en la entidad.
La diputada priista Sughey Torres explicó que el dictamen aprobado “es amplio, estructurado y profundamente revisado”, ya que integra tres reformas distintas: la creación de la Ley Nicole y ajustes al Código Penal para sancionar la usurpación de profesiones, especialmente en el área de la salud.
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“Es un solo dictamen que agrupa tres modificaciones, incluida la Ley Nicole. También se avaló una propuesta que presenté hace tres años para castigar a quienes, sin ser cirujanos plásticos certificados, practican cirugías estéticas o intervenciones invasivas basándose únicamente en cursos exprés o identidades falsas”, señaló la legisladora.
De acuerdo con Torres, el análisis legislativo se extendió por casi dos meses e involucró mesas de trabajo, revisiones técnicas y la consulta de especialistas.
“Escuchamos a médicos, cirujanos, representantes del Poder Judicial, de la Fiscalía y a diversas personas interesadas. Fue un proceso profundo. Nuestro objetivo es prevenir que vuelva a ocurrir algo tan doloroso como lo que pasó con Paloma Nicole”, afirmó.
La diputada también recordó que la propuesta había sido presentada en la legislatura anterior, pero que no existían las condiciones políticas para su aval.
“Llevaba tres años intentando impulsar este tema. Hoy, finalmente, se aprobó por unanimidad. Todos los diputados dieron su voto a favor”, celebró.
Con las reformas, el Artículo 232 del Código Penal del Estado fue actualizado para incorporar penas más severas contra quienes se atribuyan títulos, grados académicos o especialidades médicas sin acreditación oficial.
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El artículo establece que:
- Se impondrán 2 a 6 años de prisión y multas de 200 a 500 UMA a quien falsifique o se adjudique indebidamente títulos académicos, o preste servicios profesionales sin la acreditación correspondiente.
- Las mismas penas aplicarán para quienes ejecuten actividades reservadas a profesionales con cédula o certificación.
- Quien practique un procedimiento médico-quirúrgico especializado sin certificación podrá recibir entre 4 y 8 años de cárcel y multas de 300 a 600 UMA.
- Las penas aumentarán cuando las intervenciones se relacionen con cirugía plástica, estética o reconstructiva realizadas por personas no certificadas.
- La reforma también incluye sanciones para clínicas que operen sin cumplir con los requisitos legales para realizar procedimientos quirúrgicos.
Además, se penaliza de manera explícita la realización de cirugías estéticas en menores de edad, exceptuando únicamente los casos reconstructivos por malformaciones, accidentes o condiciones que comprometan la integridad física o emocional del menor, siempre con diagnóstico médico especializado y valoración psicológica.
“Es un dictamen integral que busca impedir que una tragedia así vuelva a repetirse. Ahora corresponde a las autoridades hacer valer la ley”, concluyó Torres.
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