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Hermosillo, Sonora.- El caso penal que enfrenta Julio César Chávez Jr. avanzó este 10 de diciembre en la que un juez federal aprobó extender el periodo de investigación para ambas partes, tanto para la Fiscalía General de la República (FGR) como para la defensa del deportista.
La decisión se tomó durante una breve audiencia, de carácter técnico, realizada en el Centro de Justicia Penal Federal de la capital sonorense.
En aproximadamente diez minutos, el juez de Distrito Édgar Alejandro Domínguez Villapudua autorizó otorgar tres meses adicionales para el cierre de la investigación complementaria dentro del expediente 15/2023, en el cual se señalan a 14 personas, entre ellas el hijo del histórico campeón Julio César Chávez.
Chávez Jr., vestido completamente de negro, permaneció atento mientras el Ministerio Público solicitaba ampliar de tres a seis meses el plazo para completar diligencias que, según explicó la representación fiscal, aún están en curso, incluyendo requerimientos dirigidos a autoridades estadounidenses.
La defensa no solo estuvo de acuerdo, sino que enfatizó que también requiere más tiempo para revisar dictámenes periciales y confirmar la autenticidad de audios derivados de intervenciones telefónicas.
Al final, el juez otorgó únicamente tres meses más y mantuvo las medidas cautelares ya dictadas, entre ellas la prohibición de salir de México y de tener cualquier tipo de acercamiento con los agentes ministeriales que participaron en las indagatorias.
Por lo pronto, Chávez Jr. continuará bajo libertad condicional mientras se agotaba esta nueva etapa de investigación.
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Un proceso con antecedentes en Estados Unidos
El desarrollo del caso en México ocurre después de una serie de eventos que comenzaron en territorio estadounidense.
El 2 de julio de 2025, Chávez Jr. fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras su combate contra Jake Paul en California.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo clasificó entonces como inmigrante ilegal y un posible riesgo para la seguridad, debido a irregularidades en su solicitud de residencia permanente.
Después de pasar 46 días retenido, el pugilista fue deportado por la garita Dennis DeConcini en Nogales la noche del 18 de agosto de 2025. En México, fue trasladado inmediatamente al Cefereso 11, en Hermosillo.
Su audiencia inicial tuvo lugar al día siguiente, cuando su equipo legal pidió la duplicidad del término constitucional para reunir elementos de descargo.
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Vinculación a proceso
El 23 de agosto, el juez Enrique Hernández Miranda resolvió vincularlo a proceso por presuntos nexos con una de las facciones del Cártel de Sinaloa, liderada por Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’.
La FGR presentó un total de 21 datos de prueba para sostener las acusaciones, entre los que destacan:
- Intervenciones telefónicas realizadas desde 2019.
- Conversaciones registradas en 2022 donde se le menciona como ‘camarada’ de ‘El Nini’.
- Publicaciones en redes sociales y notas periodísticas examinadas en 2025.
- Reportes del HSI y de la DEA relacionados con presunto tráfico de armas.
- El hallazgo de una bata de boxeo autografiada en un inmueble cateado a ‘El Nini’.
La defensa, encabezada por Rubén Fernando Benítez Álvarez del Castillo, refutó la solidez de varios de estos elementos al calificarlos como insuficientes y carentes de contexto verificable.
Sostuvo que la narrativa fiscal se apoya en 0rumores’ y referencias sin valor probatorio directo.
Durante la audiencia, Chávez Jr. tomó la palabra para rechazar los cargos y reiterar que no existe evidencia real que lo vincule con actividades delictivas.
“Que investiguen lo que tengan que investigar, no van a encontrar nada”, expresó ante el juez.
Con la extensión de plazo aprobada, la FGR y la defensa cuentan ahora con tres meses más para aportar, revisar y confrontar información clave que determinará los siguientes pasos en el proceso penal del boxeador. El caso continuará bajo la supervisión del Poder Judicial federal en Hermosillo.
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