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El presidente municipal de San Felipe, Baja California, José Luis Dagnino López, reveló que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa de turista el pasado martes 2 de diciembre, cuando realizaba un trámite para solicitar un permiso de ingreso. Según explicó, fue notificado de que no podía entrar al país, pero no se le precisaron las razones de la cancelación.
El edil, emanado de Morena, señaló que la medida lo tomó por sorpresa y que hasta el momento no ha recibido información oficial sobre las causas. “No me notificaron motivo alguno”, expresó en un comunicado dirigido a la población de San Felipe.
¿Qué contexto rodea esta decisión?
La revocación de la visa de Dagnino se suma a otros casos recientes en Baja California, como el de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, su exesposo Carlos Torres Torres y el esposo de la presidenta municipal de Mexicali, Norma Bustamante, quienes también han enfrentado restricciones migratorias por parte de Estados Unidos.
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El alcalde fue retenido por más de 12 horas en la garita de Centro, California, antes de que se le notificara la cancelación del documento. Dagnino aseguró que la decisión no interfiere con sus responsabilidades como presidente municipal, aunque reconoció que genera inquietud entre la comunidad.
¿Qué implicaciones tiene la revocación de la visa?
La medida impide al alcalde ingresar a territorio estadounidense, lo que podría afectar su participación en actividades binacionales, especialmente en temas de cooperación y gestión de recursos. Dagnino tenía previsto asistir a un acto oficial en San Bernardino, California, para recibir un donativo, pero la cancelación de la visa le impidió concretar la visita.
El edil anunció que apelará la decisión y buscará esclarecer los motivos, al tiempo que reiteró su compromiso de seguir trabajando por San Felipe.
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¿Qué sigue en este caso?
Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha emitido una explicación pública sobre la revocación de la visa. El caso se mantiene bajo reserva y ha generado especulación sobre posibles investigaciones o medidas de seguridad que involucran a funcionarios mexicanos.
La situación refleja la tensión que puede surgir en las relaciones bilaterales cuando autoridades locales enfrentan restricciones migratorias, y abre un debate sobre la transparencia en las decisiones de política exterior.
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